Las autoridades federales tomaron muestras de agua y realizaron una auditoría en la planta señalada por los pescadores en el municipio de Ignacio de la Llave; la empresa no reportó actividad operativa ni descargas recientes.
Ignacio de la Llave, Ver. El blindaje de los ecosistemas fluviales y la atención a las denuncias de las comunidades costeras motivaron el despliegue inmediato de las fiscalías y comisiones ambientales de la federación. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) activaron un protocolo coordinado de revisión tras confirmarse un desastre ecológico menor debido a la mortandad de peces en las orillas del río Limón, a la altura de la localidad de Punta Limón, dentro de este municipio veracruzano.
Toma de muestras de agua y estatus de la alcoholera La intervención oficial de primera milla se derivó de las alertas emitidas por las uniones de pescadores de la región, quienes señalaron a una empresa alcoholera local como la presunta fuente de vertimientos contaminantes. Ante esto, personal adscrito a ambas dependencias realizó una inspección técnica el pasado 18 de junio para confrontar las acusaciones de ley con las bitácoras físicas de la planta.
Durante las diligencias en el predio industrial se ejecutaron las siguientes acciones de control de ley:
- Verificación Normativa: Los inspectores de la Profepa revisaron que la empresa estuviera cumpliendo con las medidas correctivas que le fueron impuestas en un procedimiento administrativo resuelto en años anteriores.
- Muestreo Hidrológico: Los técnicos de la Conagua, adscritos al Organismo de Cuenca Golfo Centro, recolectaron muestras de agua tanto en los ductos internos de la compañía como en diversos tramos críticos del caudal del río Limón.
- Inactividad de la Planta: En el acta de inspección se asentó que los directivos de la empresa argumentaron encontrarse sin operaciones desde hace varios meses. Al revisar los patios, las autoridades no identificaron evidencias físicas de descargas de aguas residuales ni de actividad operativa en las instalaciones al momento de la visita.
Ampliación del cerco de búsqueda e inspecciones centrales A pesar de no hallar flagrancia en la alcoholera, el sector ambiental de la federación determinó mantener abierto el expediente y reforzar las investigaciones de campo. Las oficinas centrales de la Profepa anunciaron que comisionarán a nuevos inspectores para realizar visitas adicionales en la zona afectada, con el fin de recabar los testimonios de los pescadores y allegarse de más datos de prueba.
De manera paralela, las brigadas operativas llevan a cabo una búsqueda exhaustiva en los alrededores del cauce del río Limón para ubicar bodegas, ranchos o industrias alternativas que califiquen como posibles fuentes de contaminación aduanal o de agroquímicos. Las dependencias puntualizaron que el monitoreo conjunto continuará de forma ininterrumpida hasta definir científicamente las causas del ecocidio y aplicar las sanciones económicas o clausuras definitivas que correspondan por ley.
