La autoridad ambiental frenó la remoción clandestina de más de 88 mil metros cuadrados de selva baja caducifolia en Querétaro, donde dos grupos civiles pretendían instalar huertos y caminos sin autorizaciones federales.
Santiago de Querétaro, Qro. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino de manera legal en el Área Natural Protegida (ANP) Peña Colorada, tras detectar graves irregularidades operativas y un desmonte ilegal que provocó la pérdida de hábitat y degradación del suelo dentro de una de las reservas ecológicas más importantes de la entidad.
Operativo por denuncia ciudadana: La inspección institucional se ejecutó en el predio conocido como «Mesa de las Palomas», ubicado dentro del ejido de Jurica, en el estado de Querétaro. Los inspectores federales se desplegaron en la zona tras procesar una denuncia ciudadana, confirmando la remoción total de vegetación nativa de selva baja caducifolia en una superficie de 88,048 metros cuadrados.
En el lugar se constató que el desmonte fue realizado por dos grupos distintos de personas, quienes ya habían acondicionado el terreno mediante la instalación de cisternas y techos recolectores de agua de lluvia. El ecosistema forestal fue vulnerado con el fin de establecer seis parcelas destinadas de forma ilícita al cultivo de huertos, además de la apertura de cuatro caminos de acceso vehicular.
Clausura total y vigencia del decreto: Debido a que los responsables no acreditaron contar con las autorizaciones obligatorias de impacto ambiental ni de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), las cuales deben ser expedidas exclusivamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Profepa impuso la clausura total temporal del sitio mediante la colocación de nueve sellos oficiales. Asimismo, se levantaron dos actas administrativas para iniciar los procedimientos sancionatorios correspondientes.
La Profepa recordó que, a pesar de que algunos predios particulares de Peña Colorada (decretada como ANP en 2023) se encuentren bajo procesos legales, los terrenos mantienen de forma estricta su carácter forestal, por lo que cualquier alteración de su biodiversidad constituye una violación a la legislación ambiental vigente.
