Tras 18 horas de audiencia, la jueza federal Patricia Sánchez Nava dictó prisión preventiva justificada para los excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta implicación en los delitos de peculado, asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público y lavado de dinero.
Los exfuncionarios involucrados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración; y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC).
Se acordó que el próximo jueves se determinará si los cuatro serán vinculados a proceso, tras la solicitud de su defensa para duplicar el plazo constitucional y así resolver su situación jurídica.
En la audiencia, representantes en materia de combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), señalaron que el exgobernador autorizó contratos para la compra de terrenos a sobreprecio y mediante adjudicación directa, beneficiando a la empresa “Inmobiliaria DIP”.
Con el fin de construir inmuebles en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, se realizaron pagos anticipados, comenzando con la renta de los terrenos, que fueron adquiridos a precios elevados, superando los millones de pesos.
Según la jueza Patricia Sánchez, y tal como lo indicó la FGR, existe un alto riesgo de que los imputados intenten evadir la justicia. En el caso del exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado, se señaló su intento de huir a Miami, Estados Unidos, donde fue interceptado por la Interpol que lo deportó a México.
Por el momento, Antonio Bernal y Mario Murillo permanecen presos en el Reclusorio Oriente, mientras que Carlos Maldonado y Elizabeth Villegas serán trasladados al penal de Santa Martha Acatitla.
