El pasado lunes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Paquete Económico 2026. Como lo marca el artículo 74 constitucional, el Ejecutivo debe enviar la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos antes del 8 de septiembre, y la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobarlo.
Este paquete marca el rumbo de la política económica nacional y funge como la carta de navegación del país. Bajo el sello de la responsabilidad fiscal y el compromiso social, el gasto neto total previsto asciende a 10.1 billones de pesos, cifra que garantiza congruencia con los ingresos y disciplina en el manejo de las finanzas públicas.
En el Paquete Económico se considera que la prosperidad es un bien colectivo. No se trata solo de crecer, sino de crecer con justicia y equidad, construyendo un modelo de prosperidad compartida, que es hoy el sello de este gobierno. En este sentido, el presupuesto de este año fortalece el ingreso de las familias, con un enfoque en dos grandes generaciones: adultos mayores y primera infancia.
En consecuencia, los programas sociales dejan de ser vistos como simples apoyos y se consolidan como derechos que garantizan dignidad, movilidad social y cohesión comunitaria. Bajo esta convicción, el paquete económico destina 987,160 millones de pesos a programas prioritarios algunos de ellos son: la Pensión para Adultos Mayores, con 526,508 millones; la Pensión Mujeres Bienestar, con 56,969 millones; la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, con 36,266 millones; las Becas Benito Juárez, con 184,595 millones; además de Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, con 40,664 y 17,472 millones respectivamente, y el Programa de Vivienda Social, con 33,280 millones de pesos.
Además, el Presupuesto incluye recursos para infraestructura, que es el motor del desarrollo regional y la competitividad. Se asignan más de 536 mil millones de pesos a trenes, carreteras, obras hidráulicas, el Istmo de Tehuantepec, Pemex y la CFE. La inversión en infraestructura es, en palabras claras, el rasgo distintivo de este paquete: empleos bien pagados, cadenas de valor que se activan, más seguridad social y más desarrollo productivo.
Cada obra es mucho más que cemento y acero. Son empleos para las comunidades, demanda para nuestros productores, mercados locales que se mueven y menores costos logísticos. En lo económico, cada peso invertido multiplica su efecto; en lo social, abre caminos para integrar regiones y distribuir oportunidades.
En esa lógica hemos impulsado la Ley General de Infraestructura para el Bienestar. Una propuesta que permite coinversión público-privada con reglas claras: transparencia, equidad territorial y sostenibilidad. Así, se multiplica el alcance del gasto público y se garantiza que proyectos estratégicos tengan la escala y certidumbre necesarias para convertirse en verdaderos motores de bienestar.
Pero la inversión debe caminar de la mano de la estabilidad. Uno de los ejes centrales del paquete es precisamente la disciplina fiscal. En un contexto internacional incierto, México mantiene un déficit controlado y una deuda sostenible. Esa es la base de la confianza de inversionistas, mercados financieros y calificadoras.
Por su parte, la política de ingresos no sólo busca recaudar mejor, sino hacerlo bajo el principio de justicia tributaria. Para 2026 se refuerzan los mecanismos contra evasión y elusión fiscal, pero también se avanza hacia un modelo en el que los impuestos contribuyen a mejorar la vida de la gente.
Un ejemplo son los llamados impuestos saludables. Se actualiza el Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, tabacos y productos con nicotina. La cuota a refrescos pasa a 3.08 pesos por litro; en tabacos labrados, la tasa sube de 160 a 200%, con incrementos graduales hasta 2030; y se incluyen productos nuevos como las “bolsas de nicotina”. En tabacos hechos a mano, la tasa aumenta a 32%.
No se trata de castigar, sino de proteger. Son medidas para enfrentar una emergencia de salud pública: obesidad, diabetes, cáncer de pulmón. Cada año, estas enfermedades cobran miles de vidas y elevan los costos del sistema sanitario. Este es un impuesto que salva vidas y, al mismo tiempo, asegura recursos para fortalecer clínicas, hospitales y la atención médica.
De manera paralela, se proponen cambios de fondo al tratamiento fiscal de las aportaciones que realizan los bancos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero del FOBAPROA. Por años, las instituciones pudieron deducir casi la totalidad de esas aportaciones, trasladando indirectamente ese costo a la ciudadanía. Ahora se plantea que tres cuartas partes no sean deducibles.
A ello se suma la homologación del tratamiento de los créditos incobrables, eliminando un régimen especial que solo beneficiaba a los bancos. Este ajuste era inevitable y es, sobre todo, un acto de justicia social: los contribuyentes no deben seguir subsidiando, vía deducciones, una responsabilidad de las instituciones financieras.
Con estas medidas, el paquete de ingresos fortalece la recaudación y corrige distorsiones históricas. Se ancla en un principio sencillo: quien más tiene y más gana debe aportar de manera proporcional y justa al desarrollo de la Nación.
Así pues, el Paquete Económico 2026 no sólo son cifras; es la muestra de la visión del Segundo Piso de la Transformación, y su aprobación significa caminar hacia un país más justo, equitativo y competitivo, hacia un México con prosperidad compartida.
