Uno de los rasgos más visibles de la política pública mexicana en los últimos años ha sido el énfasis en la construcción de un andamiaje social robusto. Muestra de ello, es lo planteado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF) que contempla destinar 987 mil 160 millones de pesos a programas sociales prioritarios, lo que representa un crecimiento real de 14.2% respecto a 2025. Este aumento no es un mero dato técnico, refleja la intención del gobierno federal de que las transferencias y apoyos continúen como eje de la estrategia para enfrentar la desigualdad estructural. Dentro de este conjunto de políticas, destacan los programas impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. Cada uno responde a un segmento específico de la población y, en conjunto, ofrecen una narrativa de inclusión y justicia social.
La Pensión Mujeres Bienestar es quizá el programa con mayor simbolismo, al reconocer el trabajo de cuidados y labores domésticas no remuneradas de mujeres entre 60 y 64 años, con lo cual el Estado da un paso hacia la visibilización de una deuda histórica. Para 2026, la propuesta de asignación presupuestal plantea un aumento significativo, de 15,522 millones a 56,969 millones de pesos. Este aumento de 267% refleja no sólo la prioridad que se busca dar al programa, sino también el amplio universo de beneficiarias que se prevé incorporar. En cuanto a la Beca Rita Cetina, se ha convertido en la base de un nuevo esquema de apoyos escolares. La proyección para 2026 es de 129,386 millones de pesos, casi 60% más que en 2025. Con ella se busca asegurar que las familias con hijas e hijos en educación básica, especialmente en secundaria, cuenten con un respaldo que evite la deserción y alivie la presión económica en los hogares. Por su parte, Salud Casa por Casa introduce una innovación en la política pública mexicana, la atención médica preventiva y personalizada en los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad. Su alcance cualitativo puede marcar diferencia al llevar servicios de salud directamente a quienes más lo necesitan.
La política social contemplada en el PPEF 2026 se inscribe en la construcción de un nuevo Estado Democrático de Bienestar, concebido como un modelo orientado a garantizar derechos fundamentales y a enfrentar las desigualdades estructurales. Con esta perspectiva, se pretende fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los sectores históricamente más desprotegidos y, al mismo tiempo, consolidar un marco institucional que permita reducir brechas sociales y avanzar hacia una mayor cohesión.
México no está solo en esta apuesta, pues la experiencia internacional muestra que países como Brasil, Suecia, Alemania y Estados Unidos han implementado programas sociales que buscan disminuir la pobreza y garantizar el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad social.
En el caso mexicano, los datos del INEGI sobre la medición multidimensional de la pobreza muestran que entre 2016 y 2024 la proporción de personas en situación de pobreza descendió de 43.2% a 29.6%. Esto significa que en ese periodo alrededor de 13.7 millones de habitantes dejaron atrás esta condición, de los cuales 11.9 millones correspondieron a pobreza moderada y 1.8 millones a pobreza extrema. Este descenso no puede explicarse sin la influencia directa de las transferencias monetarias y apoyos universales que incrementan la capacidad de consumo de los hogares y facilitan el acceso a educación, salud y alimentación.
Sin embargo, la discusión no termina en la eficacia inmediata. Diversas organizaciones y centros especializados han señalado que la sostenibilidad de los programas sociales depende de mantener finanzas públicas sanas y de garantizar que los apoyos se acompañen de políticas de crecimiento económico. Es decir, los programas pueden aliviar la pobreza en el corto plazo, pero solo una economía dinámica y con empleos formales puede consolidar esos avances a largo plazo.
El presupuesto 2026 reafirma que el gobierno mexicano sigue apostando por la vía social como un eje de gobernabilidad y desarrollo. La decisión de elevar a rango constitucional diversos programas de bienestar en 2024 garantiza que los apoyos dejen de ser simples políticas sexenales sujetas a coyunturas políticas o cambios de administración, y se consoliden como derechos sociales que el Estado tiene la obligación de asegurar. No obstante, el reto es doble: por un lado, asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan y se traduzcan en mejores condiciones de vida; al mismo tiempo, diseñar mecanismos que prevengan la dependencia y fomenten la movilidad social mediante la educación, la salud y el empleo digno. Al final, el debate no es si estos programas son necesarios, sino cómo garantizar que cada peso invertido no soólo alivie la pobreza del presente, sino que también contribuya a construir un país con menos desigualdad y mayores oportunidades en el futuro.
