San José. — La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó que el incidente ocurrido durante una gira de campo en la zona de Las Crucitas, al norte del país, haya sido un intento de atentado, luego de que una explosión obligara a su evacuación este viernes.
El hecho ocurrió mientras la mandataria inspeccionaba los daños ambientales provocados por la minería ilegal de oro en esta región fronteriza con Nicaragua. Tras escucharse una detonación en el área, su equipo de seguridad activó el protocolo de evacuación.
Fernández explicó posteriormente que, según la información de sus equipos, el sonido correspondería a explosivos utilizados por mineros ilegales en la zona.
“Yo no creo que eso haya sido ningún intento de atentado”, afirmó, señalando que este tipo de detonaciones son frecuentes en el área.
La presidenta describió la situación en Las Crucitas como un entorno de alta conflictividad, donde, según dijo, son comunes las explosiones y enfrentamientos entre fuerzas policiales y coligalleros, como se conoce a los mineros ilegales.
«Lo que vimos es el pan nuestro de cada día aquí. Lamentable», expresó Fernández.
La mandataria señaló además que el estruendo percibido durante la visita podría haberse amplificado por el entorno boscoso, al que comparó con una “bombeta de turno”.
Tras el incidente, las autoridades la revisaron médicamente por protocolo e informaron que todas las personas presentes se encuentran en buen estado.
Investigación en curso y presencia de legisladores
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, confirmó que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y que no se reportaron personas heridas. Equipos policiales realizan operativos de barrido en la zona para determinar el origen de la detonación.
En la gira también participaron diputados de distintos partidos políticos, y al menos uno de ellos requirió atención médica por una crisis nerviosa tras el incidente.
Debate por la minería en Crucitas
El hecho ocurre en medio del impulso gubernamental de un proyecto de ley para reactivar la explotación de oro en Las Crucitas, donde operaba anteriormente una concesión de la empresa canadiense Infinito Gold, nunca concretada.
Desde 2010, mineros artesanales ilegales han ocupado la zona y utilizan métodos altamente contaminantes, como mercurio y cianuro, lo que ha provocado un fuerte deterioro ambiental y ha motivado constantes operativos policiales.
El Gobierno busca con la iniciativa formalizar la actividad minera y reducir la presencia del crimen organizado en el área.
