La Consejería Jurídica de la Presidencia interpuso un recurso de reclamación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la suspensión que el ministro Javier Laynez Potisek concedió y que frenó la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la entrega de más de 15 mil millones de pesos de los mismos.
Asimismo, cuestionó la imparcialidad del ministro y lo señaló de actuar con soberbia y falta de solidaridad, porque la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Corte, analizó la posibilidad de utilizar dichos recursos para apoyar a los damnificados de Acapulco, tras el paso del huracán “Otis”.
“Hoy la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de reclamación en contra de la medida cautelar otorgada ilegalmente, ya que el propio ministro Javier Laynez reconoce que el decreto impugnado prevé las medidas necesarias para salvaguardar los derechos laborales…
“En este sentido, se hace un nuevo llamado al máximo tribunal para que honre la palabra de su presidenta, Norma Piña, y permita que dichos recursos públicos, propiedad del pueblo, se utilicen para la reconstrucción de Acapulco”, detalló la consejería.
Asimismo, subrayó que es lamentable que el ministro no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el decreto legislativo que ordena la desaparición de los fideicomisos del PJF.
El pasado 5 de diciembre el ministro Laynez Potisek admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron senadores y diputados que demandan que no sean eliminados los recursos y fideicomisos.
“Se concede la suspensión solicitada por las diversas senadoras y senadores, así como determinadas diputadas y diputados del Congreso de la Unión, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído”, detalla el acuerdo.
Hace dos semanas, la Consejería Jurídica intentó que la Corte declarara impedido al ministro Javier Laynez para que no conociera estas acciones de inconstitucionalidad.
Sin embargo, el Pleno de la Corte determinó que no había impedimento para que el ministro conociera los recursos de los legisladores de oposición que se oponen a que el Poder Judicial entregue más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de la extinción de los fideicomisos.
