La reforma judicial es un hecho y continúa su curso, de acuerdo a lo establecido por la ley, así lo reiteró este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Apoyada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó las afectaciones que se han registrado desde el paro de labores que decidieron aplicar los trabajadores del Poder Judicial, además de evidenciar algunas de las fallas que orillaron a implementar dicha reforma.
La titular de la Segob puntualizó que los integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos que frenan la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar así sus derechos, como consecuencia a estas acciones se han paralizado proyectos como obras públicas y políticas de bienestar, de igual forma se ha retrasado la emisión de resolución y sentencias, generando impunidad y negando el acceso a la justicia para los mexicanos.
Un ejemplo de esta situación es que de las 21 mil personas que se encuentran privadas de la libertad, al menos 6 mil 097 no han recibido su sentencia correspondiente por el paro de labores.
Por otro lado, algunas de las leyes que se han mantenido pausadas debido a los amparos presentados por el Poder Judicial son la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Minería, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la Extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y la iniciativa de ley para regular los vapeadores.
La secretaria de Gobernación también se refirió a la injerencia que ha tenido el Poder Judicial en temas electorales, como cuando la ministra Norma Piña convocó a una cena con algunos de los líderes políticos de oposición más importantes del país en 2023 o cuando un juez de Distrito ordenó al Tribunal Electoral designar dos magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, lo que fue rechazado por la Sala Superior por ser excesivo y violatorio del artículo 99 constitucional.
También se han registrado procesos viciados en la selección de jueces dentro de este sistema, como la venta de exámenes, donde se han documentado casos de corrupción al más alto nivel de la Escuela Judicial, donde se vendieron los exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos.
Todo esto sin contar los casos de nepotismo encontrados en este poder, pues en promedio los magistrados tienen 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial de la Federación.
Durante la presentación, también se subrayó los estratosféricos salarios de los jueces, ministros y consejeros de la judicatura.
Finalmente, tanto la presidenta como la titular de la Segob puntualizaron algunos de los casos más emblemáticos donde el Poder Judicial ha beneficiado con sus decisiones a reconocidos criminales o ha puesto en libertad a delincuentes durante los fines de semana en acciones coloquialmente ya conocidas como “sabadazos”.
Por todo lo anterior es que la presidenta Sheinbaum Pardo recalcó la imperiosa necesidad que se tenía para reformar a este poder e impulsar la reforma judicial que hoy día ya está establecida en la Constitución y que no será eliminada, como apenas se solicitó la semana pasada por una jueza de Veracruz.
“Este último amparo que todavía no hemos sido notificados es importante decirlo, no hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine la publicación… ¿Qué dice el amparo? En el artículo 61 el juicio de amparo es improcedente contra adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, subrayó la presidenta.
