El titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, notificó formalmente a la Cámara de Diputados la presentación de seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de funcionarios, exfuncionarios del organismo electoral y diversas empresas, por la probable comisión de delitos graves como uso ilícito de atribuciones, cohecho, tráfico de influencias, uso de documento falso y ejercicio ilícito del servicio público.
Fuentes del ámbito legislativo señalaron que entre los señalados se encontrarían la exconsejera presidenta del órgano comicial, Guadalupe Taddei Zavala, y el empresario contratista Alfredo Hernández Casillas.
Mediante un informe dirigido a los presidentes de las comisiones legislativas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción, el funcionario detalló que también se inició el emplazamiento a ocho servidores y exservidores públicos, además de una persona moral, para desahogar audiencias iniciales por presuntas faltas administrativas graves.
Dichos expedientes serán remitidos formalmente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que determine las responsabilidades correspondientes, advirtiendo que continuarán las acciones penales si se detectan más anomalías.
Las acusaciones tienen como antecedente la comparecencia de Carvente ante legisladores el pasado 30 de octubre, donde reveló que, entre 2014 y 2025, un grupo de cinco compañías interconectadas mediante prestanombres y esquemas de simulación de competencia captó contratos por dos mil 461 millones de pesos provenientes de organismos públicos locales electorales.
La red empresarial, ligada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, desató recientemente la dimisión de Taddei de su cargo tras ser cuestionada por presuntos vínculos personales y beneficios contractuales hacia este grupo corporativo.
