La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió un amicus curiae, donde los 32 gobernadores del país solicitan que no se ponga freno a la prisión preventiva oficiosa que se aplica en delitos graves, porque de lo contrario afectará la seguridad en todo el territorio nacional.
El documento firmado por la Conferencia Nacional de Gobernadores fue recibido por el Alto Tribunal y está dirigido a la presidenta de la Corte, Norma Piña, en el que advierten las consecuencias que traería acabar con esta medida cautelar.
Asimismo, demandan que prevalezca lo que ordena la Constitución Federal y no los tratados internacionales, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano a adecuar sus leyes, porque la prisión automática es inconvencional.
“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”, señala el documento firmado por los 32 mandatarios estatales.
Recordaron que la prisión preventiva de oficio se aplica en delitos de alto impacto y de clara repercusión social, y esta figura está encaminada al combate al crimen.
“Por ello, hacemos un llamado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad de nuestros gobernados”, mencionaron.
