El gobierno de Perú presentará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar los criterios de otorgamiento de asilo diplomático, a fin de corregir lo que considera una “aplicación desviada” de la Convención de Caracas de 1954.
La petición ocurre luego de que México concediera asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra acusada de participar en el fallido golpe de Estado liderado por Pedro Castillo en diciembre de 2022.
El canciller peruano, Hugo De Zela, explicó que la iniciativa busca obligar a los países otorgantes a solicitar información previa suficiente sobre quien solicita asilo, con el objetivo de evitar decisiones motivadas por criterios ideológicos.
De Zela aseguró que Perú actuará conforme al derecho internacional y descartó un ingreso a la embajada de México para detener a Chávez, pese a que el presidente interino José Jerí había insinuado esa posibilidad, comparando el caso con el asalto a la embajada mexicana en Ecuador.
Chávez permanece asilada desde hace tres semanas en la sede diplomática mexicana, tras la ruptura de relaciones bilaterales provocada por el caso, mientras espera un salvoconducto que le permita viajar a México.
La Justicia peruana ordenó captura internacional y prisión preventiva por cinco meses, al considerar riesgo de fuga por su ausencia a controles judiciales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que cualquier intento de irrupción en la embajada sería una grave violación al derecho internacional y a la soberanía mexicana.
