El Parlamento de Nicaragua aprobó una nueva reforma a la Constitución para prohibir que los opositores participen en elecciones o ejerzan cargos públicos, bajo las figuras legales de «golpistas» y «traidores a la patria». La modificación representa un nuevo paso en el control político ejercido por la administración de Daniel Ortega.
A pesar de los temores internacionales generados por declaraciones previas del mandatario sobre eliminar los comicios, el texto avalado por la Asamblea Nacional mantiene los procesos electorales, pero extiende el periodo presidencial y de otros cargos de elección popular de seis a siete años. Asimismo, la normativa establece que ninguna legislación extranjera tendrá efectos jurídicos dentro del territorio nacional.
Estos cambios se producen luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocara a una reunión extraordinaria de cancilleres, impulsada por las gestiones de Estados Unidos.
