La semana pasada, en la Cámara de Diputados se discutió y aprobó la miscelánea de ingresos del Paquete Económico 2026, integrada por cuatro leyes: la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), la Ley Federal de Derechos (LFD), el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
En conjunto, estas normas establecen los ingresos estimados de la Federación para 2026, que ascienden a 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 5.9% respecto a lo aprobado en 2025.
El paquete fue turnado al Senado de la República, que deberá analizarlo y votarlo a más tardar el 31 de octubre. En los próximos días, el Senado abordará los temas más sensibles discutidos en San Lázaro: la fiscalización digital, la simplificación tributaria y la sostenibilidad de los programas sociales. Destaca también el ajuste al IEPS en bebidas azucaradas y cigarros, orientado a desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, lo que combina un fin recaudatorio con uno de política pública preventiva.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados continúa la discusión de la segunda parte del Paquete Económico, correspondiente al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).
Para 2026, el PPEF contempla un gasto programable, es decir, el destinado a proveer bienes y servicios públicos, de 7 billones 94 mil 708.8 millones de pesos, lo que equivale a un incremento real de 5% respecto al año anterior.
Mientras que el gasto no programable, que incluye participaciones a entidades federativas y el costo financiero de la deuda, ascenderá a 3 billones 98 mil 974.9 millones de pesos, con un aumento real de 7.9%.
El 69.3% del gasto programable se concentra en desarrollo social, confirmando que la política presupuestaria continúa orientada al fortalecimiento del Estado de bienestar.
Sin embargo, este esfuerzo también plantea un desafío estructural y es de qué manera financiar un gasto social creciente con una base tributaria aún limitada y una dependencia persistente de ingresos no recurrentes.
En toda economía, el vínculo entre ingresos y egresos refleja la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. El gobierno federal ha delineado sus prioridades a partir del Plan Nacional de Desarrollo, cuyos ejes buscan combinar bienestar, justicia, igualdad e innovación, bajo una visión humanista del desarrollo y prosperidad compartida.
De acuerdo con los documentos enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, que conforma en Paquete Económico, el gasto en programas sociales prioritarios propuesto para 2026 asciende a casi un billón de pesos, equivalente al 2.5% del PIB nominal, mientras que los Programas y Proyectos Prioritarios de Inversión suman más de 530 mil millones de pesos, alrededor del 1.4% del PIB.
Estos recursos se orientan principalmente a pensiones, becas, programas productivos e inversión en infraestructura estratégica, con el objetivo de reducir brechas de desigualdad y fortalecer la economía social.
Sin embargo, la magnitud de estos compromisos obliga a repensar el marco fiscal que permita sostenerlos a mediano plazo, evitando que el crecimiento del gasto social supere la capacidad de recaudación y de gestión del Estado.
Mantener un gasto social robusto e impulsar la inversión pública requiere una estrategia fiscal integral, que combine mayor eficiencia recaudatoria, progresividad y rendición de cuentas.
El reto no radica sólo en recaudar más, sino en recaudar mejor, fortaleciendo los ingresos no petroleros y ampliando la base contributiva sin frenar la actividad económica.
México enfrenta así un dilema crucial: preservar el compromiso social del Estado sin comprometer la estabilidad financiera.
El Paquete Económico 2026 ofrece continuidad en las prioridades del bienestar, pero también deja abierta la discusión sobre el futuro de la sostenibilidad fiscal en un país que aspira a crecer con justicia y responsabilidad.
Esta discusión deberá pasar, inevitablemente, por la búsqueda de nuevas y mejores fuentes de ingreso, lo que implicará ajustar tasas, rediseñar los impuestos existentes e incluso evaluar la creación de nuevos impuestos, aprendiendo de la experiencia internacional.
Claro está, a nadie le gustan los impuestos, por lo que esta será una lucha política y social, donde el gobierno deberá demostrar con hechos el uso responsable y transparente de los recursos aprobados en la miscelánea fiscal 2026.
Sólo así podrá generarse certidumbre ciudadana de que los impuestos realmente trabajan en favor del país y no se pierden en el camino entre la burocracia y la corrupción. En ello reside, quizá, la tarea más exigente del gobierno en materia fiscal y de confianza pública.
