Los Países Bajos pusieron en marcha un endurecimiento histórico de sus leyes de asilo tras la implementación del Pacto de Migración de la UE, eliminando los permisos de residencia permanentes y reduciendo la validez de los visados temporales de 5 a 3 años.
El nuevo marco regulatorio establece un sistema de dos niveles que limita el derecho a la reagrupación familiar, imponiendo un periodo de espera obligatorio de dos años y endureciendo los requisitos de integración al elevar el nivel exigido de idioma al B1. Aunque el plazo mínimo de estancia legal para solicitar la ciudadanía neerlandesa se mantuvo en 5 años, los refugiados enfrentan la constante incertidumbre de que la estabilidad en sus países de origen revoque su visado temporal antes de lograr la naturalización.
