En un intento por sofocar la indignación ciudadana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, admitió públicamente que el operativo policial desplegado ante las protestas en Casa Jalisco incurrió en «graves errores», uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias contra la población civil. Tras la escalada de descontento, todas las personas detenidas durante la manifestación fueron puestas en libertad.
El mandatario reconoció de manera explícita que la actuación de las fuerzas de seguridad se salió de control y que los manifestantes fueron agredidos injustamente con gas y chorros de agua. «Debo dar la cara y tomar cartas en el asunto», señaló Lemus, al confirmar que existen elementos policiales identificados por abuso de autoridad que serán sancionados. Sin embargo, la tardía respuesta gubernamental aviva los cuestionamientos sobre la falta de protocolos de protección a los derechos humanos y la recurrencia con la que el Estado responde con contención violenta ante la protesta social.
El episodio deja en evidencia la brecha entre el discurso oficial de apertura y la actuación real de los cuerpos de seguridad, sembrando dudas sobre las garantías de libre manifestación en la entidad. Mientras la administración busca cerrar la crisis con sanciones administrativas a los uniformados involucrados, colectivos y ciudadanos exigen revisiones de fondo que eviten que la represión policial vuelva a poner en riesgo la integridad de la población.
