A pesar de la liberación de cientos de presos políticos e importantes reducciones en las formas más severas de persecución registradas tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura de Nicolás Maduro, el aparato institucional de represión y violencia estatal en Venezuela se mantiene totalmente intacto. Así lo advirtió la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU en un contundente informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El organismo internacional concluyó que las estructuras, políticas y prácticas de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia conservan el mismo marco operativo, mientras que al menos 19 altos funcionarios vinculados previamente a crímenes de lesa humanidad continúan en puestos clave. Asimismo, la Misión detalló brutales patrones de tortura y malos tratos vigentes en centros penitenciarios como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, donde documentó al menos 64 nuevos casos tras el cambio de escenario político a inicios de año.
En un informe complementario, la ONU analizó el rol estratégico de los grupos civiles armados conocidos como «colectivos», determinando que operan en directa convergencia, coordinación y financiamiento con el Estado para sostener el control social y la intimidación ciudadana. Sofía Macher, presidenta de la Misión, instó al gobierno y a la comunidad internacional a desmantelar los cuerpos represivos y avanzar hacia la rendición de cuentas, subrayando que sin una reforma estructural previa, cualquier avance en derechos humanos continuará siendo frágil y reversible.
