La Fiscalía General del Estado de Oaxaca investiga una presunta red de extorsión, cobro de piso y préstamos abusivos que habría utilizado nueve centros de rehabilitación para captar personas con problemas de adicción e incorporarlas a actividades delictivas.
De acuerdo con el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, la estructura estaría vinculada con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) y habría generado ganancias estimadas en 20 millones de pesos mensuales. La cifra corresponde a un cálculo preliminar de las autoridades y no a dinero asegurado.
La investigación identificó conexiones entre responsables de los anexos, prestamistas y personas dedicadas a cobrar cuotas a comerciantes y transportistas. Según la Fiscalía, algunos internos habrían sido incorporados a tareas de vigilancia, cobro de préstamos y extorsión bajo presión de quienes dirigían los centros.
Los establecimientos fueron intervenidos en distintas etapas: uno el 2 de septiembre y otros ocho el 8 de octubre. En dos de estos últimos, ubicados en San Martín Mexicápam, las autoridades localizaron sustancias con características de estupefacientes, cuya naturaleza deberá establecerse mediante los análisis correspondientes.
Los hallazgos forman parte de una investigación más amplia contra ASAEO. En agosto, un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales derivó en la detención de nueve personas presuntamente vinculadas con la organización. Las indagatorias posteriores permitieron ampliar las líneas de investigación hacia los centros de rehabilitación.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red y establecer responsabilidades individuales. Por ahora, las acusaciones no equivalen a una sentencia contra los responsables de los establecimientos ni contra todas las personas mencionadas en las indagatorias.
El caso pone el foco en el posible uso de espacios destinados a la rehabilitación como mecanismos de reclutamiento y operación de delitos que afectan a comerciantes y transportistas. El desafío para las autoridades será acreditar los vínculos señalados y evitar que estas prácticas continúen bajo otras formas de organización.
