El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización Miss Universo, pasó de ser testigo colaborador a ser buscado por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que un juez federal girara una nueva orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, libró la orden el 15 de diciembre, dentro de la causa penal 495/2025, ante la imposibilidad de localizar al imputado.
Según el documento judicial, la medida se adoptó al considerar que existe un alto riesgo de fuga, debido a la capacidad económica de Rocha Cantú, su movilidad internacional constante y la falta de un domicilio fijo y verificable en México. La FGR señaló señaló que el empresario nunca habitó los domicilios registrados en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México.
El documento advirtió que el imputado egresa con frecuencia del territorio nacional y que existe una probabilidad alta de que no regrese, lo que podría permitirle sustraerse de la acción de la justicia. Además, las investigaciones refieren que la presunta célula delictiva vinculada a Rocha Cantú mantendría contactos con autoridades para facilitar la obtención de documentos apócrifos y evadir su localización.
Las autoridades también consideraron relevante que el empresario posee múltiples activos y propiedades en distintos estados del país, lo que refuerza el riesgo de evasión. Hasta ahora, se desconoce su paradero.
Antecedentes del Caso
Las autoridades emitieron una primera orden de aprehensión el 15 de noviembre de 2025, pero la dejaron sin efecto el 19 de noviembre tras concederle a Rocha Cantú un criterio de oportunidad.
El domingo pasado, Rocha Cantú anunció el cierre temporal de las oficinas administrativas de Miss Universo en la Ciudad de México y el traslado de operaciones a Nueva York, al argumentar “ataques infundados” y un entorno de “incertidumbre jurídica”.
