La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control del oficialismo, aprobará el próximo 21 de septiembre en primera legislatura una nueva reforma constitucional destinada a inhibir políticamente a los opositores desnacionalizados, catalogados por el régimen como «traidores a la patria». El titular del Poder Legislativo, Gustavo Porras, confirmó que el proceso de consultas concluirá a inicios de septiembre para dar paso a la votación de las enmiendas que buscan cerrar el acceso al poder a la disidencia civil.
El paquete de modificaciones legales responde a las recientes declaraciones del copresidente Daniel Ortega, quien el pasado 19 de julio aseveró públicamente que en la nación centroamericana «no volverá a haber elecciones». Para que los cambios constitucionales entren en vigor, el marco legal nicaragüense exige la aprobación en dos legislaturas consecutivas, por lo que la segunda votación se llevaría a cabo en el periodo parlamentario correspondiente a 2027, extendiendo formalmente el mandato del Ejecutivo y posponiendo los comicios generales.
La maniobra legislativa ha desencadenado una firme condena internacional encabezada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Diversos gobiernos de la región, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Chile y Panamá, rechazaron la cancelación de las garantías democráticas en Nicaragua, mientras la diplomacia continental evalúa nuevas medidas frente a la consolidación del modelo político encabezado por Ortega y Rosario Murillo.
