La extorsión es uno de los delitos más dolorosos y cobardes que existen. Afecta a las familias, a los pequeños negocios, al transporte, a los mercados, a las tienditas y hasta a quien trabaja por su cuenta. Es un delito que se mete con la tranquilidad de las personas, que usa el miedo como arma para arrebatar lo poco o mucho que alguien ha logrado con esfuerzo. Y lo más grave es que, durante mucho tiempo, se mantuvo en un terreno gris dentro de nuestras leyes.
Por eso, lo que aprobamos, el pasado 24 de septiembre, en el Senado de la República es un paso histórico. Con el voto unánime de todas las fuerzas políticas, modificamos el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso de la Unión pueda expedir una Ley General contra la Extorsión, una demanda urgente de la ciudadanía y una necesidad real en todo el país. Esta reforma fue impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por la mayoría legislativa como una acción concreta para cerrar la puerta a la impunidad y proteger al pueblo.
¿En qué consiste esta reforma? Primero, permite que se tipifique el delito de extorsión de manera homogénea en todo México. Hasta hoy, cada estado tenía definiciones distintas, penas diferentes y criterios desiguales. Eso generaba vacíos legales que muchos delincuentes aprovechaban para librarse del castigo. Con esta nueva facultad, la ley será pareja y justa en todos los rincones del país, sin importar dónde ocurra el delito.
Segundo, se podrá perseguir la extorsión de oficio, lo cual significa que las autoridades podrán actuar aunque la víctima no presente una denuncia. Esto es crucial, porque muchas personas no denuncian por miedo a represalias. Así, el Estado asume la responsabilidad de intervenir y no deja sola a la gente.
Tercero, la ley establecerá mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y municipios, para que todos trabajen bajo las mismas reglas y con objetivos comunes. La lucha contra la extorsión dejará de ser fragmentada y se convertirá en una política nacional integral.
La Cuarta Transformación ha demostrado que sí se puede gobernar con justicia, con sensibilidad social y sin dejar a nadie atrás. Esta nueva ley contra la extorsión es una muestra clara de que la seguridad no se construye a punta de ocurrencias, sino con instituciones fuertes, con inteligencia legal y con empatía hacia quienes más sufren. No se trata solo de castigar más fuerte, sino de cerrar el paso al crimen con leyes claras, coordinación entre autoridades y el compromiso firme de proteger al pueblo.
Esa misma visión de justicia fue la que me llevó a presentar una iniciativa en el pleno del Senado, el pasado 1º de octubre, para tipificar como delito autónomo el reclutamiento de personas por parte del crimen organizado, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. La violencia tiene muchas caras, pero pocas tan crueles como la de arrebatarle el futuro a nuestra juventud. Esta reforma al Código Penal Federal dará herramientas claras al Estado para perseguir a quienes reclutan, entrenan o utilizan a menores para actividades delictivas; y, reconocerá legalmente que estos jóvenes deben ser protegidos, no castigados. No podemos permitir que quienes deberían estar en las aulas, en los parques o construyendo sus sueños, terminen en manos del crimen por miedo, pobreza o engaño.
La reforma que fue aprobada el Senado de la República y la iniciativa que presenté buscan cerrar vacíos legales; y buscan darle al Estado herramientas reales para combatir y frenar, por un lado la extorsión; y por otro, el reclutamiento infantil. Porque legislar por la paz no solo es proteger el presente, es también honrar el derecho de las nuevas generaciones a vivir libres, seguras y con dignidad.
