Morena respondió al pronunciamiento emitido por el Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) sobre la situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y sostuvo que México «no acepta lecciones de quienes traicionaron la democracia», al tiempo que defendió la actuación de las autoridades y el desarrollo del proceso judicial.
En un posicionamiento firmado por su presidenta nacional, Ariadna Montiel Reyes, el partido afirmó que el comunicado del Grupo IDEA busca trasladar al ámbito internacional un asunto que corresponde exclusivamente a las instituciones mexicanas y rechazó que el caso constituya una persecución política.
Morena sostuvo que Ruffo Appel ha contado con garantías procesales, defensa legal, comparecencias ante la autoridad judicial y la posibilidad de promover recursos legales, por lo que aseguró que la investigación se desarrolla conforme al marco constitucional y no responde a motivaciones políticas.
Asimismo, señaló que la indagatoria contra el exmandatario deriva de una investigación iniciada aproximadamente un año atrás por presuntas operaciones aduanales, financieras y empresariales, además del aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques. El partido recordó que, tras una audiencia que se prolongó por más de 24 horas, una jueza federal determinó vincular a proceso a Ruffo Appel al considerar que existían datos de prueba suficientes para continuar con el procedimiento.
En su posicionamiento, Morena acusó a los integrantes del Grupo IDEA de intentar presionar a las instituciones mexicanas y afirmó que los expresidentes firmantes «carecen de autoridad moral» para emitir juicios sobre la democracia en México. También sostuvo que la soberanía nacional impide que actores extranjeros condicionen o influyan en investigaciones que corresponden exclusivamente al sistema de justicia mexicano.
La respuesta se produjo luego de que 25 expresidentes y exjefes de Estado integrantes del Grupo IDEA difundieran una declaración en la que expresaron preocupación por lo que calificaron como una «criminalización de la política» y una presunta utilización del aparato judicial contra Ruffo Appel.
En ese documento, los exmandatarios advirtieron que el caso podría representar un deterioro del Estado de derecho, cuestionaron la elección popular de jueces y manifestaron su respaldo al exgobernador de Baja California, al considerar que su detención envía un mensaje de persecución contra la oposición política.
Con este intercambio de posicionamientos, el caso de Ernesto Ruffo Appel continúa generando reacciones tanto en el ámbito nacional como internacional, mientras el proceso judicial sigue su curso ante las autoridades competentes.
