El partido Morena exigió la apertura de una investigación profunda e independiente para esclarecer presuntos actos de corrupción e irregularidades presupuestales en el Instituto Nacional Electoral, tanto en gestiones pasadas como en la actual administración. A través de un comunicado oficial, el instituto político sostuvo que los recursos destinados a garantizar los procesos democráticos deben ser administrados con absoluta honestidad y transparencia hacia la ciudadanía.
Respecto a la designación de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, la dirigencia partidista aclaró que su llegada al organismo no constituyó una designación directa de Morena, sino que se dio mediante el mecanismo constitucional de insaculación en 2023. Asimismo, recordaron que su trayectoria en el ámbito electoral inició previamente, cuando fue nombrada titular del órgano electoral de Sonora en 2014 bajo la gestión de Lorenzo Córdova Vianello.
El partido subrayó que las anomalías detectadas en el manejo de los fondos públicos no representan un hecho aislado ni comenzaron de manera reciente. Como antecedente, refirieron que en 2015 la Contraloría del propio organismo cuestionó la contratación de la empresa Jet Van por un monto cercano a mil millones de pesos para el arrendamiento de vehículos, contratación formalizada durante la presidencia de Córdova Vianello.
En ese sentido, la fuerza política demandó identificar puntualmente a las autoridades que autorizaron dichos contratos, a los proveedores beneficiados y las razones por las cuales no se corrigieron las faltas administrativas detectadas. De igual forma, remarcaron que la salida de cualquier funcionaria o funcionario no debe traducirse en el cierre de los expedientes ni en la impunidad de exservidores públicos.
Finalmente, Morena enfatizó que la autonomía institucional debe ser un garante de independencia frente al poder y no una herramienta para proteger privilegios o justificar la impunidad. El partido hizo un llamado a aplicar sanciones ejemplares a quienes resulten responsables de actos ilícitos, sin importar nombres, apellidos o filiaciones políticas, a fin de restaurar la confianza en las instituciones electorales del país.
