Tras hacer oficial la suspensión de los derechos partidistas de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, la dirigencia del partido Morena ha reafirmado una postura contundente: no habrá impunidad ni protección política para ningún funcionario público, sin importar su rango o militancia. Con esta determinación, el partido busca mandar un mensaje claro de congruencia ante las investigaciones que encabeza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por un presunto desfalco de 40 millones de pesos y la posterior simulación de un secuestro por parte de la edil.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) mantiene un seguimiento riguroso del expediente para desvincular por completo al movimiento de cualquier conducta que vulnere la confianza ciudadana. Desde la cúpula partidista se enfatizó que los estatutos internos se aplican con firmeza para garantizar que el ejercicio del poder no se traduzca en privilegios procesales, dejando en claro que el respaldo de las siglas termina donde comienzan las responsabilidades penales.

Por su parte, el proceso judicial que enfrenta la alcaldesa mexiquense continúa su marcha en los tribunales del Estado de México. Luego de que las indagatorias de la Fiscalía echaran abajo la versión original del plagio —revelando mediante geolocalización un montaje operado junto a familiares y colaboradores cercanos para justificar la ausencia de los recursos públicos—, las autoridades ministeriales mantienen firme la fecha del próximo 9 de julio para que la funcionaria comparezca a la audiencia de formulación de imputación.

A la par de las órdenes de aprehensión vigentes contra familiares de la edil y la detención de tres colaboradores que intentaron huir hacia el estado de Oaxaca, el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) y la Fiscalía Anticorrupción avanzan en las auditorías financieras de las arcas de Tenancingo. Con la separación de Nápoles Pacheco de sus cargos partidistas, el partido cierra filas con la legalidad, permitiendo que las instituciones de justicia actúen con total autonomía y sin interferencias de carácter político.