El presidente de la Jucopo presentó una iniciativa para reformar la legislación financiera y prohibir los «Dark patterns»; busca que la Condusef supervise no solo los contratos, sino el diseño de las apps que inducen a créditos no deseados.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma integral para combatir los llamados «Dark patterns» o patrones engañosos en el entorno digital. La propuesta busca modificar las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de Transparencia y de Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech).
El diseño como herramienta de engaño: Monreal argumentó que, ante la velocidad de la innovación digital, el Estado debe anticiparse a riesgos que se convierten en formas estructurales de abuso económico. La iniciativa propone incorporar dos definiciones clave en la ley:
- Interfaz digital: La plataforma o medio de interacción con el usuario.
- Prácticas engañosas: Diseños de interfaz que, por su flujo o presentación, presionan, manipulan o dificultan decisiones libres e informadas.
El legislador destacó que muchas plataformas cumplen formalmente con mostrar términos y condiciones, pero utilizan mecanismos de presión psicológica o confusión visual para que el usuario acepte cargos recurrentes o créditos que no comprende en su totalidad.
Cifras de la brecha digital: Para sustentar la urgencia de la reforma, el coordinador de Morena citó datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024:
- El 76.5% de la población adulta tiene acceso a productos financieros.
- Solo el 23% lee los contratos antes de aceptarlos.
- En 2022 se registraron más de 554 mil reclamaciones por cargos no reconocidos o productos no solicitados.
Nuevas facultades para Condusef: La reforma facultaría a la Condusef para revisar no solo el contenido de los contratos de adhesión, sino también los mecanismos digitales mediante los cuales se celebran y ejecutan. La iniciativa estipula que la información debe ser clara y accesible, y se considerará un incumplimiento si el diseño de la interfaz induce decisiones contrarias al interés del usuario o dificulta las cancelaciones.
Con esta propuesta, México busca alinearse con estándares internacionales de economías avanzadas que ya prohíben interfaces engañosas, equilibrando la innovación tecnológica con la garantía de derechos patrimoniales para las personas usuarias.
