El gobierno del presidente argentino Javier Milei consolidó un giro en su política migratoria con medidas que endurecen los requisitos para ingresar y permanecer en el país, aceleran los procesos de expulsión de extranjeros que cometan delitos y fortalecen el control fronterizo bajo un enfoque de seguridad, una estrategia que especialistas comparan con la impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.
Las modificaciones comenzaron a implementarse mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido en 2025, con el que el Ejecutivo argumentó la necesidad de combatir el delito transnacional, frenar el denominado «turismo sanitario» y reforzar el control migratorio. Entre los cambios destacan la exigencia de acreditar medios económicos y cobertura médica para determinados trámites migratorios, mayores restricciones para acceder a servicios públicos gratuitos sin residencia permanente y la posibilidad de acelerar la expulsión de extranjeros condenados por delitos.
La estrategia también incluyó la creación de un Programa de Seguridad Migratoria, coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación entre la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales para prevenir e investigar ilícitos relacionados con la migración.
El gobierno de Milei sostiene que las medidas buscan proteger los recursos públicos y garantizar que la inmigración se desarrolle dentro del marco legal. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y especialistas en migración han advertido que el nuevo esquema rompe con la tradición argentina de enfoque humanitario y asocia la migración con fenómenos como la delincuencia y el terrorismo, pese a que la población extranjera representa una proporción menor de los habitantes del país y ha disminuido en la última década.
El endurecimiento de la política migratoria también enfrenta desafíos judiciales. A principios de julio, la Cámara Nacional Electoral anuló una parte del decreto presidencial que modificaba el régimen para otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros, al considerar que el Poder Ejecutivo excedió sus facultades constitucionales al intervenir en una materia reservada por ley y bajo control judicial. El Gobierno aún puede impugnar esa resolución ante la Corte Suprema.
Mientras tanto, la administración de Milei mantiene sin cambios el resto de las reformas migratorias y las presenta como parte de una política integral de seguridad. La coincidencia temporal con el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Washington ha alimentado las comparaciones entre ambos gobiernos, aunque la Casa Rosada sostiene que las decisiones responden a necesidades internas y al fortalecimiento del control del Estado sobre sus fronteras.
