México. – El Gobierno de México rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, al considerarlo “tendencioso” y alejado de la realidad actual del país.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México argumentó que el documento omite información actualizada presentada por las autoridades y no refleja los avances institucionales en la materia.
Según la postura oficial, el mecanismo de la Convención aplica a contextos donde “las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado”, lo cual, asegura, no corresponde al México actual, que ha impulsado una transformación estructural desde 2019.
El informe, centrado en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, también fue cuestionado por limitarse a cuatro estados y por, según el gobierno, ignorar información reciente presentada el 27 de marzo.
Las autoridades destacaron que el propio comité reconoce “en los párrafos 117 y 118 de su decisión” la falta de indicios sobre una política federal para “cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión” en la actualidad. Por lo que, afirman, evidencia un cambio respecto a administraciones anteriores.
Asimismo, criticaron la solidez jurídica del informe y señalaron posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes.
Reiteraron que el Estado mexicano “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
Reformas en desapariciones
El gobierno subrayó reformas aprobadas en julio de 2025, realizadas “en coordinación con colectivos de familiares, para atender esta problemática”.
Entre ellas destacó:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- La obligación de fiscalías especializadas estatales.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
- La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
- La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
Finalmente, México reiteró su disposición a la cooperación internacional, aunque rechazó evaluaciones basadas en premisas que, sostiene, “no reflejan su realidad actual”. Al tiempo que reafirmó su compromiso con la verdad, la justicia y la atención a víctimas.
