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El sábado 3 de enero marcó un punto de inflexión en la geopolítica latinoamericana. Autoridades de Estados Unidos detuvieron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas y conspiración criminal.

Más allá del proceso judicial, el acontecimiento adquiere una relevancia económica considerable por las señales que envía sobre el futuro del sector energético venezolano y por sus posibles implicaciones en el equilibrio regional del mercado petrolero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que uno de los objetivos del cambio de régimen es facilitar la entrada de capital estadounidense al sector petrolero de Venezuela, con el propósito de reconstruir una infraestructura severamente deteriorada. vigente por el momento.

La detención de Maduro introdujo un nuevo elemento de incertidumbre en el mercado energético internacional, en un contexto caracterizado por expectativas moderadas sobre el crecimiento de la demanda y por condiciones relativamente holgadas de oferta global.

El martes posterior al evento, el precio del petróleo Brent registró un aumento matutino de 0.71 por ciento, ubicándose en 62.19 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate avanzó 0.70 por ciento, hasta 58.73 dólares. Sin embargo, hacia el cierre de la jornada ambos referentes corrigieron a la baja. El Brent cerró en 60.47 dólares y el WTI en 56.92 dólares, frente a un cierre previo de 58.32 dólares.

Este comportamiento sugiere una reacción prudente por parte de los mercados, que parecen descontar que el acontecimiento no implica, en el corto plazo, un cambio estructural en la oferta petrolera mundial. La limitada capacidad productiva actual de Venezuela y la permanencia de las sanciones explican la ausencia de ajustes más pronunciados en los precios.

En el horizonte inmediato, los impactos económicos directos son acotados. A pesar de contar con las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial, estimadas en aproximadamente 303 mil millones de barriles, equivalentes a cerca del 19.4% del total global, la producción venezolana se ubica actualmente alrededor de 800 mil barriles diarios. Esta cifra contrasta con los niveles cercanos a 3.5 millones de barriles diarios alcanzados a finales de la década de 1990.

Incluso bajo un escenario de cambios políticos acelerados, la recuperación de la capacidad productiva no sería inmediata. Años de sanciones, desinversión, deterioro institucional y colapso de infraestructura han reducido de forma significativa la eficiencia operativa del sector energético. En consecuencia, no se anticipa un aumento relevante de la oferta global de crudo en el corto plazo.

Cabe destacar que el mismo martes, el presidente Donald Trump dio a conocer que las “autoridades interinas” en Venezuela, encabezadas por Delcy Rodríguez, venderían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de ‘alta calidad’ a Estados Unidos a su precio de mercado.

Desde la perspectiva inflacionaria, el impacto sobre los precios energéticos internacionales parece limitado. Los movimientos observados en Brent y WTI reflejan principalmente ajustes temporales asociados al riesgo geopolítico, sin presiones sostenidas sobre la inflación energética global.

Las implicaciones más relevantes se concentran en el mediano plazo y dependen de supuestos que aún no se han materializado. Bajo el escenario planteado por la administración estadounidense, que contempla una eventual apertura del sector petrolero venezolano al capital extranjero, el país podría iniciar un proceso gradual de recuperación de su producción.

Incluso con la participación de grandes empresas petroleras internacionales, la rehabilitación de campos, refinerías y sistemas de transporte requeriría inversiones sustanciales y un horizonte de varios años. Por ello, cualquier incremento significativo en la producción sería progresivo y estaría condicionado a cambios regulatorios, contractuales y geopolíticos.

En este contexto, comienza a perfilarse un posible reacomodo en la geopolítica del petróleo. La eventual reactivación de Venezuela como exportador relevante podría modificar los flujos comerciales regionales, con implicaciones directas para México.

Si Venezuela logra recuperar acceso a mercados cercanos, México enfrentaría una mayor competencia regional, lo que podría obligar a Pemex a colocar crudo en destinos más lejanos, con mayores costos logísticos. Este escenario tendría efectos adversos sobre los ingresos petroleros y, por extensión, sobre las finanzas públicas.

El principal límite del análisis es la elevada incertidumbre política. La permanencia del embargo petrolero, la velocidad de una eventual transición institucional y la respuesta interna en Venezuela constituyen variables clave que podrían amplificar o neutralizar los efectos económicos descritos.

Adicionalmente, Fitch Ratings advirtió que la detención de Maduro podría complicar aún más la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En particular, la calificadora señaló que la administración estadounidense podría incorporar temas de seguridad y otros asuntos no comerciales en la negociación, lo que elevaría la incertidumbre económica para México.

No obstante, este contexto también ofrece una oportunidad para fortalecer la posición económica del país mediante una gestión más estratégica del entorno externo.

En 2025, México se convirtió en el mayor proveedor de petróleo de Cuba, al desplazar a Venezuela y asumir un papel central en el suministro energético de la isla, pese a las sanciones impulsadas por Estados Unidos.

El tema ha cobrado relevancia internacional tras una investigación del Financial Times, que advierte sobre el impacto geopolítico y financiero de esta estrategia.

Así como sobre la presión ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, hacia el gobierno mexicano encabezado por Morena y la 4T.

De acuerdo con datos citados por el diario británico, el incremento de los envíos de crudo desde México permitió a Cuba compensar la caída sostenida del petróleo venezolano, en un contexto de sanciones, reacomodos regionales y tensiones diplomáticas.

Según el Financial Times, México exportó a Cuba en 2025 un promedio de 12 mil 284 barriles diarios de petróleo, lo que equivale a alrededor del 44 por ciento de las importaciones totales de crudo de la isla.

La diversificación de mercados, el manejo prudente de los supuestos macroeconómicos y una política energética flexible permitirían a México amortiguar choques externos y preservar la estabilidad económica. En la medida en que el país anticipe escenarios y ajuste sus instrumentos de política pública, la mayor volatilidad internacional puede traducirse en incentivos para reforzar su resiliencia económica y su capacidad de adaptación.

Issel Adriana Víquez Vargas

Economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Maestra en Políticas Públicas por la misma institución. Con una sólida trayectoria en el sector público, se ha especializado en temas de análisis presupuestario, regulación económica y evaluación de políticas públicas. Actualmente se desempeña como investigadora en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, donde lidera proyectos enfocados en la evaluación del gasto público, la coordinación interinstitucional y el análisis de desempeño estatal y municipal. Previamente, trabajó en la consultora Noesis Consulting, donde coordinó proyectos en el sector energético, y en la Comisión Reguladora de Energía, donde contribuyó a la implementación de regulaciones en hidrocarburos y gas natural. También ha ocupado cargos en la Comisión Federal de Competencia Económica y en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, participando en investigaciones de mercado y en la elaboración de análisis costo-beneficio para mejorar la efectividad de políticas públicas.