El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, descartó este jueves presentar su dimisión tras las exigencias planteadas por formaciones políticas como Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Podemos, quienes pidieron su salida a raíz de la actuación de la Policía Nacional durante la jornada de huelga general celebrada el miércoles. En declaraciones ofrecidas a la prensa durante el acto de apertura de la campaña electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el distrito madrileño de San Blas, el titular de Interior afirmó no tener razones para dejar el cargo, argumentando que su labor consiste en respaldar la actuación de las fuerzas de seguridad y, simultáneamente, garantizar que los ciudadanos ejerzan sus derechos y libertades con plenas garantías.
De acuerdo con el balance provisional difundido por el Ministerio del Interior, la convocatoria de huelga general concluyó con más de un centenar de personas detenidas por los distintos cuerpos policiales, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Ertzaintza , además de contabilizarse más de un millar de incidencias en distintos puntos del país. Ante las críticas generadas por las cargas registradas durante las protestas, Grande-Marlaska confirmó que ha instruido a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones internas sobre los incidentes específicos, al tiempo que ordenó prohibir el uso de gas lacrimógeno por parte de los agentes en futuras manifestaciones.
El ministro reconoció ante los medios que diversas imágenes difundidas sobre las intervenciones policiales del miércoles «a primera vista no gustan y no se concilian muy bien con los principios de proporcionalidad», señalando que esa valoración motivó directamente la apertura de las indagatorias oficiales. Respecto al empleo de gas pimienta durante los operativos de control, Grande-Marlaska indicó que su cartera mantiene un proceso activo de revisión de protocolos para determinar conclusiones, reiterando que todos los medios y actuaciones empleados por los cuerpos de seguridad del Estado deben regirse estrictamente por criterios de necesidad y proporcionalidad.
La polémica sobre el despliegue policial irrumpe en el arranque formal de la campaña electoral en Madrid, tensando el debate político entre el Ejecutivo socialista y sus socios parlamentarios y fuerzas de izquierda sobre los límites del orden público y el derecho a la protesta. Mientras las agrupaciones demandantes responsabilizan al Ministerio del Interior por los excesos documentados en las movilizaciones, Grande-Marlaska defendió que en materia de seguridad ciudadana existe una evaluación constante para corregir fallos, subrayando que cualquier intervención que no se ajuste a la proporcionalidad será estudiada y sancionada conforme a los resultados de la investigación en curso.
