A unos minutos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que presentó una iniciativa para reformar el Poder Judicial para que los impartidores de justicia sean elegidos a través del voto popular, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó su preocupación por que dicha propuesta viola la independencia judicial y afecta los derechos humanos.
Indicaron que dicha reforma es contraria al principio de división de poderes establecido en la Constitución, que es producto de una lucha histórica de las fuerzas políticas y de los ciudadanos.
“Es de destacar que esta pretensión surge justo en los momentos en los que los mexicanos han recurrido con gran intensidad ante los juzgados y tribunales federales a solicitar la defensa de sus derechos, frente a actos arbitrarios de las autoridades.
“La reforma propuesta por el Ejecutivo es contraria a las convenciones y tratados internacionales que México ha firmado para fortalecer la independencia judicial y la inamovilidad de las personas juzgadoras como una garantía de esa independencia y para preservarlos de presiones indebidas.
“La elección de personas juzgadoras mediante un sistema de votación popular socava el principio de carrera judicial previsto constitucionalmente, al permitir que factores no relacionados con la capacidad y experiencia legal influyan en la selección de candidatos, lo cual genera que se comprometa la calidad de las decisiones judiciales y debilita la confianza en el sistema de justicia”, señalaron.
Mencionaron que el sistema de carrera judicial tiene su base en el reconocimiento de la capacidad y experiencia, méritos que a través de los concursos a los cargos de juzgadores federales garantizan a los gobernados los principios de independencia e imparcialidad.
“Es importante tener en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos protege la inamovilidad en el cargo de las personas juzgadoras federales como garantía de la independencia judicial.
“Esta reforma transgrede ese derecho y, por ende, el de acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos”, añadieron.
De igual manera, rechazaron la narrativa que se ha construido contra las personas juzgadoras federales, ubicándolas como adversarias políticas, aliadas de intereses particulares y corruptos, con la única intención de desprestigiarlas frente a la sociedad para justificar una reforma que, en esencia, busca desaparecer el equilibrio de Poderes establecido en la Constitución.
“Las personas juzgadoras federales sólo nos debemos a la Constitución y no a los partidos u otros actores; y una prueba de ello es que hemos sido depositarios de la confianza de los ciudadanos para proteger su salud, su vida y su libertad; y todo ello puede estar en riesgo al politizarse la justicia a través de cuotas partidistas”.
Enfatizaron que sin juzgadores independientes no hay democracia, ni Estado de Derecho, ni certidumbre para el desarrollo de México.
