Saltar al contenido principal

Brasil. — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó de manera total el proyecto de ley aprobado por el Congreso que habría permitido reducir la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, así como la de otros implicados en la conspiración golpista posterior a las elecciones de 2022.

La iniciativa, avalada por un parlamento de mayoría conservadora en diciembre, contemplaba recortes de hasta 70% en las sentencias, lo que habría reducido la condena de Bolsonaro a poco más de dos años

El proyecto también habría  beneficiado a los participantes en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del exmandatario asaltaron y saquearon el palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso en Brasilia.

Lula formalizó el veto durante una ceremonia oficial por el tercer aniversario de esos hechos, que calificó como una victoria de la democracia.

“El ocho de enero está marcado en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia”, afirmó. También recordó que la trama golpista incluía incluso un plan para asesinarlo a él y a otras altas autoridades.

La ley podría continuar

No obstante, el propio Congreso podría revertir el veto presidencial, ya que cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto sin la firma del mandatario.

De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 2 mil personas fueron arrestadas por los disturbios, comparados con el ataque al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021.

La Corte Suprema ya ha condenado a muchas de ellas por intento de golpe de Estado, entre otros delitos.

Lula reiteró que antes de considerar cualquier medida de clemencia es indispensable esclarecer completamente los hechos. 

Todavía no ha acabado el proceso”, subrayó en diciembre, insistiendo en la importancia de preservar la memoria democrática.

Sectores de la oposición impulsaron inicialmente la iniciativa al promover una amnistía general. Aunque, posteriormente el Congreso la reformuló para limitar su alcance a los crímenes contra el Estado Democrático de Derecho.