La difusión de nuevas grabaciones que muestran los momentos previos a la muerte de Lorenzo Salgado, un ciudadano mexicano de 52 años, ha dado un giro crítico a la investigación sobre el uso de la fuerza letal por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El caso ha generado una profunda indignación tras revelarse que Salgado no era el objetivo del operativo migratorio desplegado el pasado 7 de julio.
Un trabajador ejemplar en el centro de la tragedia
Lorenzo Salgado era un padre de tres hijos y trabajador de la construcción que residió en Houston durante 35 años, periodo en el cual fundó su propio negocio y no registró antecedentes penales. Al momento de su muerte, Salgado se encontraba en la fase final de un largo proceso para obtener su permiso de trabajo legal en Estados Unidos.
El incidente ocurrió en el barrio de Magnolia Park, conocido como el «pequeño México», cuando Salgado se dirigía a una obra en construcción en su camioneta. Según fuentes con información preliminar, los agentes del ICE estaban vigilando una propiedad cercana y, en una aparente confusión, abordaron al mexicano de manera fatal.
Discrepancias y falta de transparencia
La versión oficial del ICE sostiene que Salgado embistió un vehículo de la agencia e intentó atropellar a un oficial, lo que provocó que este disparara en «defensa propia». No obstante, su familia rechaza categóricamente esta narrativa; su hijo mayor, Ronaldo Salgado, sugiere que su padre pudo haber confundido a los agentes —quienes operaban en vehículos sin distintivos— con ladrones que intentaban robar sus herramientas de trabajo.
La opacidad del operativo ha sido un punto de fricción política. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) admitió que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, atribuyendo esta carencia a un cierre gubernamental previo a finales de 2025. Esta falta de material probatorio oficial ha sido calificada por legisladores locales como una «excusa» inaceptable para una agencia con altos recursos financieros.
Consecuencias e implicaciones en derechos humanos
La muerte de Salgado, la octava a manos del ICE bajo la actual administración de Donald Trump, ha tenido un impacto devastador en la percepción de seguridad de la comunidad latina. Líderes comunitarios reportan que el miedo se ha vuelto «real» en barrios históricamente vibrantes como Magnolia Park, donde los residentes ahora temen ir a trabajar.
El caso ha escalado a un conflicto diplomático. El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció a través de la cancillería que interpondrá una demanda penal en Estados Unidos por el asesinato de Salgado. Además, se denunciará la muerte de otros 14 connacionales en centros de detención migratoria, marcando una postura firme contra lo que consideran abusos sistemáticos de derechos humanos.
Mientras organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) ofrecen recompensas por información de testigos, el clamor por justicia se enfrenta al hermetismo de las autoridades federales, que aún se niegan a revelar la identidad del agente que efectuó los disparos.
