Un temporal de lluvias torrenciales registrado este fin de semana anegó las tiendas de campaña de decenas de miles de personas desplazadas en la Franja de Gaza, agravando la emergencia humanitaria en el enclave palestino tras el derrumbe de decenas de paredes y techos debilitados por el conflicto bélico.
De acuerdo con el balance emitido por la oficina de comunicación del gobierno gazatí, encabezado por el movimiento islamista Hamás, alrededor de 70 mil tiendas de campaña resultaron completamente inundadas, lo que obligó a cientos de familias a huir de los asentamientos improvisados en el norte y centro del territorio, así como en diversos sectores de la Ciudad de Gaza, donde los habitantes intentaban achicar con cubos el agua lodosa que cubrió sus pertenencias.
Ante este escenario, Hamás responsabilizó este domingo a Israel y a la Junta de Paz —mecanismo impulsado por la administración de Donald Trump para coordinar la reconstrucción— por los estragos del temporal: «El duro invierno en Gaza pone al descubierto el crimen y el asedio, mientras la ocupación ahonda el desastre humanitario al obstaculizar el protocolo humanitario del acuerdo de alto el fuego. La ocupación y la Junta de Paz son responsables del agravamiento de la tragedia de las personas desplazadas», sentenció el grupo a través de un comunicado.
La organización palestina denunció que la persistencia del bloqueo fronterizo ha impedido la entrada de insumos de refugio urgentes, incluidos módulos habitacionales prefabricados, materiales de reconstrucción, equipos de calefacción y pertrechos para la defensa civil. Asimismo, criticó la «pasividad» de la Junta de Paz y señaló a su director ejecutivo, Nikolái Mladenov, por no frenar presuntas violaciones a las treguas acordadas, instando a la comunidad internacional y a los Estados árabes a intervenir de manera inmediata.
La vulnerabilidad habitacional en el enclave alcanza niveles críticos. Según registros de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), alrededor de 44 mil personas residen en más de 2 mil 300 edificios con daños severos cuyas estructuras son clasificadas formalmente como inseguras ante los embates climáticos.















