Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, exservidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México acusados de operar una red de extorsión a verificentros, recuperaron su libertad tras someterse a un procedimiento abreviado donde admitieron su responsabilidad por el delito de abuso de autoridad.
Durante una audiencia de más de ocho horas en el distrito judicial de Chalco, la jueza Sandra Isabel Cortés determinó que la Fiscalía mexiquense no acreditó fehacientemente el delito de extorsión —que preveía penas de 40 a 70 años de prisión—, por lo que reconfiguró la imputación a abuso de autoridad.
Tras la aceptación de cargos en la misma diligencia, ambos imputados fueron sentenciados a un año y cuatro meses de prisión, pena conmutable mediante el pago de una fianza de cinco mil pesos que fue cubierta de inmediato por su representación legal, además de decretarse su destitución e inhabilitación por diez años.
La investigación inicial señalaba cobros mensuales y exigencias de hasta 500 mil pesos por línea de verificación para permitir la operación de los establecimientos; no obstante, la Fiscalía estatal aclaró que la carpeta permanece abierta para deslindar responsabilidades sobre otros posibles implicados en la red.
