La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recibió esta semana la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para buscar unificar, en todas las entidades federativas del país, este delito.
La iniciativa plantea la armonización de distintos ordenamientos legales, que son el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio para prever que el delito de extorsión sea susceptible de la extinción de dominio.
Con esta iniciativa se busca contribuir a la política nacional que combate, enfrenta y frena el avance de este fenómeno delictivo que afecta a nuestra sociedad, y que requiere de una intervención reforzada y coordinada entre los tres niveles de gobierno.
Actualmente, el delito de extorsión es uno de más frecuentes en nuestro país. De hecho, la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que la extorsión es el tercer delito más frecuente en México, con 5 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes, solo superado por el fraude y el robo en la vía pública o transporte público.
Este delito se ha incrementado en los últimos años, pues pasó de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 a inicios de este año. Es decir, se registró un incremento del 57. 62 por ciento, según datos provenientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ahora bien, los datos del INEGI muestran que la cifra negra de la extorsión es muy alta, y que se han detectado casos específicos de este delito en la calle, en establecimientos y bajo la forma de «cobro de piso», lo que quiere decir que este delito no sólo alcanza a las personas, sino que las empresas también son afectadas, lo cual genera costos significativos que desincentivan la creación de nuevos negocios o empresas. Y es que la estimación del costo de este delito alcanza los 124 mil millones de pesos.
En ese sentido, la iniciativa plantea que este delito sea perseguido de oficio por el Ministerio Público y pueda ser denunciado por las víctimas de manera anónima. Actualmente, gracias a la nueva Ley Nacional del Sistema de Investigación e Inteligencia, se cuenta con el número 089 para denunciar el delito y se formulan requiriendo únicamente la descripción de la forma en que se comete, a fin de que la autoridad inicie una carpeta de investigación en cuanto tenga conocimiento del hecho.
Debe decirse que la iniciativa también plantea armonizar el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la delincuencia organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Hay que decir que esta iniciativa fue construida en una mesa técnica conformada por diferentes dependencias del Gobierno de México, comprendiendo sustantivamente la coordinación entre las autoridades de los distintos órganos de gobierno, un tipo penal básico, todos los elementos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal, las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales, así como las reglas especiales para el combate de la extorsión en centros penitenciarios.
En septiembre pasado, en el Senado de la República aprobamos una reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión, enviando el proyecto a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su consideración. El pasado 9 de octubre esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Como puede verse, en este gobierno y en esta Legislatura federal hay manos a la obra para, en conjunto, combatir este y otros delitos que repercuten negativamente en muchas familias mexicanas. En esa ruta continuaremos para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Así que iniciativas como la recién enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo son bienvenidas, pues se sigue en la ruta del combate a la delincuencia, la cual ha causado mucho daño a miles de familias. Por ello mismo es que en el Senado de la República, es seguro, encontrará respaldo para sacarla adelante.
