El día de ayer, 11 de marzo, José Antonio Kast juramentó como el nuevo presidente de Chile. Con ello, una señal de que Chile ha entrado en su etapa más conservadora desde el retorno a la democracia: la sociedad chilena ha optado por un liderazgo que vuelve a poner en el centro el orden, la autoridad, la seguridad y el mercado a ultranza como principios rectores del Estado. En la propia ceremonia hubo símbolos que apuntaron en esa dirección: Kast recibió la banda con el escudo bordado, un gesto ausente desde Pinochet, y definió el inicio de su mandato como un “Gobierno de emergencia”.
¡Ese dato importa e importa mucho!. La derecha que representa Kast no es simplemente la derecha liberal de la transición ni la centroderecha tecnocrática de los años de Sebastián Piñera. Es una derecha más ideológica, más identitaria y más dispuesta a gobernar desde la excepcionalidad. Cuando un presidente define a su país como una emergencia económica, social y de seguridad, se da a sí mismo una justificación política para concentrar prioridades, acelerar decisiones y endurecer el lenguaje del poder. Eso puede traducirse en capacidad de mando, pero también en una relación de no tomar en cuenta a los contrapesos democráticos.
En seguridad, esa es precisamente la apuesta. Kast llega prometiendo mano dura frente al crimen, control territorial, combate frontal a las mafias y un endurecimiento del aparato estatal. No es casualidad. La seguridad se convirtió en la principal demanda ciudadana hacia el nuevo gobierno: 57% de los chilenos decía en febrero que esa debía ser su prioridad, muy por encima de la economía. Pero aquí aparece la paradoja chilena: aun cuando el miedo social ha sido políticamente decisivo, las cifras no describen un colapso absoluto. Chile registró en 2025 una nueva baja en homicidios, con una caída de 13.8% en el primer semestre y un tercer año consecutivo de descenso.
Entonces, ¿por qué votó Chile por la derecha dura si sus indicadores sociales no son los peores de la región? Porque en varios países de América Latina se está desarrolando un fenómeno donde ya no basta con que los indicadores macro o sociales sean relativamente mejores. Lo que define el humor electoral es la percepción de vulnerabilidad. Chile mantiene niveles de pobreza relativamente bajos para estándares regionales: el Banco Mundial ubica la pobreza nacional en 6.5% y registra crecimiento económico de 2.64% en 2024, mientras la OCDE señala que la economía volvió a su crecimiento tendencial y que la inflación ha cedido. Pero una sociedad puede mejorar en cifras y al mismo tiempo sentirse más frágil.
Cuando la ciudadanía percibe pérdida de control sobre el espacio público, migración desordenada, crimen organizado más visible y un sistema político incapaz de responder, la demanda se desplaza desde la redistribución hacia el orden. Eso mismo explica, con matices, los giros observados en Ecuador, Bolivia y posiblemente Perú, el próximo mes de abril.
La visión económica de Kast también confirma ese cambio de época. Su apuesta combina disciplina fiscal, reducción excesiva de la participación del Estado, rebaja de impuestos corporativos, desregulación y una ofensiva proinversión donde se espera que el sector privado construya y opere toda la infraestructura social (hospitales, penitenciarías, puertos, etc.)
La lógica del gobierno es devolver confianza al capital, acelerar proyectos y reactivar crecimiento. Sin embargo, esta estrategia, digna del Consenso de Washington, también entraña muchos riesgos. Un ajuste fiscal agresivo puede tensionar la capacidad del Estado en un momento de alta demanda social, mientras que una agenda de desregulación amplia puede chocar con las tensiones territoriales, ambientales y sociales que han marcado la política chilena de vanguardia en la última década. La promesa de crecimiento a toda costa del gobierno de Kast, en otras palabras, no necesariamente resolverá por sí sola las fracturas que emergieron tras el estallido social de 2019.
Sin embargo, el significado del giro chileno puede observarse fuera de ese país. El fin de semana pasado, Donald Trump reunió en Florida a doce líderes latinoamericanos en la llamada Cumbre Escudo de las Américas, un encuentro enfocado en seguridad regional y combate al crimen organizado. El dato político fue evidente: entre los invitados no había ningún presidente de izquierda.
Los países presentes no representan la mayor parte del peso económico de la región pero sí comparten afinidades ideológicas con la agenda de Trump (tan sólo los excluidos Brasil y México en conjunto representan 66% del PIB latinoamericano). La cooperación hemisférica empieza a organizarse menos en torno al peso económico y más alrededor de afinidades político-ideológicas. Chile bajo Kast encaja con naturalidad en ese nuevo mapa. México no.
Para nuestro país, la señal es clara. Si la relación hemisférica empieza a estructurarse en torno a coaliciones políticas más que a mecanismos económicos de cooperación tradicionales, México podría enfrentar un entorno cada vez más complejo. Más aún cuando Trump ha colocado nuevamente al país en el centro de su narrativa sobre el narcotráfico y la seguridad continental.
