Hace 27 años, Giovanni Sartori, uno de los politólogos más influyentes de la época contemporánea, dictó una conferencia en el Congreso de los Diputados de España titulada En defensa de la representación política. En ella, Sartori hizo una férrea defensa de la noción de representación frente a las crecientes críticas que provenían tanto del ámbito académico como de sectores de la opinión pública, quienes abogaban por formas de democracia directa. Para Sartori, estas posturas estaban basadas en una combinación de ignorancia, simplismo y una visión primitiva de la democracia. Hoy en día, resulta necesario hacer un nuevo análisis, esta vez en torno al principio de la representación proporcional.
La representación proporcional es un mecanismo mediante el cual cada partido político obtiene un número de escaños en el Congreso acorde al porcentaje de votos que recibió en una elección. En México contamos con un sistema electoral mixto: en la Cámara de Diputados se eligen 300 diputaciones por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. En el Senado de la República se combinan tres métodos: mayoría relativa, primera minoría y representación proporcional. Así, 64 senadurías se asignan a las fórmulas ganadoras (2 personas candidatas) en cada una de las 32 entidades federativas, 32 se otorgan al segundo lugar en cada entidad (primera minoría) y las restantes 32 se distribuyen por representación proporcional a partir de una lista nacional.
Estas reglas no siempre fueron así. El principio de representación proporcional se incorporó a finales de los años setenta con la reforma política de 1977. Dicha reforma creó 100 diputaciones plurinominales, que se ampliarían a 200 en la reforma electoral de 1986. Estas diputaciones se asignan mediante listas regionales divididas en cinco circunscripciones plurinominales.
Con la llegada de la representación proporcional se obtuvieron grandes beneficios democráticos. Uno de ellos fue que la Cámara de Diputados dejara de estar integrada exclusivamente por un solo partido. Antes de la reforma de 1977, el Congreso estaba dominado por legisladores electos por mayoría relativa, prácticamente todos del aparato hegemónico priista. Por ejemplo, en la XLV Legislatura (1961-1964), el PRI ocupaba el 97% de los escaños. Tras la implementación de la reforma, en la Legislatura de 1979 ese porcentaje se redujo al 74%, en 1988 al 52% y para 1997, el PRI perdió la mayoría simple al quedarse con solo el 47% de los asientos.
La pérdida progresiva de la mayoría priista en la Cámara Baja marcó el inicio de una transformación profunda en la vida política del país. El régimen se vio obligado a negociar y dialogar con la oposición, lo cual elevó la calidad del proceso legislativo y fortaleció el papel del Congreso. Se transitó, poco a poco, de un régimen autoritario a uno más competitivo, en el que el voto ciudadano comenzó a tener un impacto real en la distribución del poder político.
Un aspecto particularmente relevante es que la representación proporcional permitió el acceso al Congreso de fuerzas políticas históricamente marginadas. Gracias a esta apertura, los partidos de izquierda (excluidos por décadas) lograron ocupar un espacio real en la vida parlamentaria. Después de la reforma que introdujo la representación proporcional, en 1979 alcanzaron el 13% de los escaños; en 1988, el 25%; en 1997, el 26%; y en 2006, el 31%. Para 2018, las fuerzas progresistas obtuvieron el 66% de la representación en la Cámara de Diputados, porcentaje que se mantiene hasta hoy.
Esta apertura ideológica trajo consigo una representación más plural. Distintas voces comenzaron a participar en el debate legislativo, a cuestionar decisiones autoritarias y a dar visibilidad a causas y sectores sociales que antes eran ignorados.
Actualmente, nos encontramos en la antesala de una nueva reforma electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado la importancia de analizar el esquema de listas plurinominales con la finalidad que todas las personas candidatas al Congreso realicen campañas con el objetivo de acercarse más a la ciudadanía. Esta idea podría ayudar a fortalecer la confianza pública en las instituciones legislativas y al mismo mecanismo de la representación proporcional el cual ha sido objeto de críticas en los últimos años.
Tras más de cuatro décadas de vigencia, es pertinente que se plantee la revisión de la representación proporcional. Reformular este principio no debería significar su eliminación, sino más bien una oportunidad para repensar su diseño, corregir distorsiones y fortalecer su legitimidad ante la ciudadanía. Cualquier cambio deberá buscar un equilibrio entre cercanía con el electorado y representación efectiva de la diversidad política del país.
