El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra doce individuos por operar una vasta conspiración de contrabando aéreo hacia prisiones federales. Las autoridades confirmaron que esta es la mayor investigación criminal federal hasta la fecha vinculada al uso de aeronaves no tripuladas para introducir artículos ilegales en los penales del país.
De acuerdo con el expediente judicial, la organización delictiva operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2023 y mayo de 2026. Durante este periodo, la red utilizó una flotilla de seis drones para realizar al menos 38 entregas en diez prisiones federales distribuidas en ocho estados, incluyendo Georgia, Kentucky, Tennessee y Virginia. Los cargamentos arrojados incluían metanfetamina, marihuana, drogas sintéticas como el K-2, teléfonos celulares e incluso hojas de sierra destinadas a facilitar posibles fugas o usarse como armas.
Justicia de EE. UU. desmantela red basada en una antigua guardería
El grupo criminal utilizaba una antigua guardería en Macon, Georgia, apodada por ellos mismos como «El Laboratorio» (The Lab), como centro de mando logístico y bodega. Desde ese punto, el principal implicado, Ira Christopher Jackson (conocido como «Action Jackson»), coordinaba los vuelos mediante llamadas telefónicas con reclusos que ya poseían dispositivos móviles en el interior.
El rastreo final de la banda fue posible gracias a la tecnología de interceptación de la Oficina de Prisiones (BOP), la cual recopiló las rutas y números de serie de los drones. Los operadores externos enfrentan cargos graves de narcotráfico que podrían costarles la cadena perpetua.
