Un jurado en Grand Rapids, Michigan, concedió más de 500 mil dólares a cinco trabajadores guatemaltecos que denunciaron haber sido explotados por Purpose Point Harvesting, empresa contratista que los reclutó para labores agrícolas.
Del total, 450 mil dólares fueron otorgados como daños punitivos por violaciones a la ley contra la trata de personas.
Los trabajadores, que ingresaron al país bajo el programa federal H-2A, testificaron con ayuda de intérpretes sobre las condiciones que enfrentaron entre 2017 y 2019 en granjas de los condados de Oceana y Newaygo.
Relataron jornadas de hasta 100 horas semanales, aunque solo se les pagaban 60, recolección nocturna de espárragos con linternas en la cabeza, y condiciones precarias de vivienda.
“El temor a ser deportados antes de tiempo, perder sus trabajos y visas, esos eran miedos reales”, explicó la abogada Teresa Hendricks, quien representó a los trabajadores.
Además, señaló que el dueño de la empresa es originario de Malacatán, la misma región guatemalteca que los demandantes, lo que facilitó el reclutamiento.
“Son algunos de los hombres más valientes que conozco”, afirmó Hendricks, destacando su decisión de testificar en un entorno desconocido para exigir justicia.
