Este lunes, un tribunal de Londres dictaminó que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, puede apelar contra su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de espionaje.
Esta decisión fue tomada por los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson del Tribunal Superior, quienes encontraron las garantías proporcionadas por el gobierno estadounidense como “descaradamente inadecuadas” respecto a las protecciones de libertad de expresión que Assange recibiría si fuera extraditado.
Assange, de 52 años, enfrenta 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de computadoras relacionados con la publicación en su sitio web de documentos clasificados estadounidenses hace casi 15 años.
Su caso ha sido una saga legal prolongada, marcada por su refugio de siete años en la Embajada de Ecuador en Londres y los últimos cinco años en una prisión británica de alta seguridad.
Fuera del tribunal, cientos de simpatizantes celebraron el fallo, y la esposa de Assange, Stella, criticó los intentos de Estados Unidos de maquillar su caso, instando a abandonar la acusación y destacando el desgaste emocional y físico en Assange. “Este caso es vergonzoso y le está pasando un precio enorme a Julian”, dijo ella.
En la audiencia, los abogados de Assange argumentaron que él actuó como periodista al exponer irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán, y que su extradición lo expondría a un procesamiento por motivos políticos y a una “flagrante denegación de justicia”.
En contraste, los fiscales estadounidenses sostienen que Assange fue más allá de las acciones típicas de un periodista, intentando obtener y divulgar indiscriminadamente documentos gubernamentales clasificados.
La disputa legal incluye un fallo provisional de marzo que permitía a Assange llevar su caso a la Corte de Apelaciones, con la condición de que Estados Unidos garantizara que no enfrentaría la pena de muerte y recibiría protecciones de libertad de expresión comparables a las de un ciudadano estadounidense.
Aunque Estados Unidos proporcionó estas garantías, los abogados de Assange aceptaron solo la protección contra la pena de muerte, argumentando que las promesas sobre la libertad de expresión no eran suficientes y que el fiscal se negó a garantizar que no cuestionaría el derecho de Assange a utilizar esa defensa.
La relevancia del derecho a la libertad de prensa y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue un tema central en los argumentos, enfocándose en si las garantías ofrecidas por Estados Unidos eran suficientes para eliminar cualquier riesgo real de injusticia identificado por el tribunal.
Con información de AP.
