Una jueza federal de Nueva York ordenó la noche de este domingo al gobierno del presidente Donald Trump cancelar de forma inmediata cualquier anuncio televisivo pendiente promocionado con recursos de los contribuyentes. La resolución emitida por la jueza de distrito Jennifer L. Rochon atendió la impugnación de una coalición civil que calificó la campaña publicitaria como un uso ilegal de fondos gubernamentales para fines políticos.
La orden de restricción temporal, con una vigencia de dos semanas, prohíbe a la administración estadounidense renovar, ampliar o celebrar acuerdos para la difusión de los spots impugnados, incluidos los programados para transmitirse en televisión nacional. A pesar de que el Departamento de Justicia argumentó que la medida resultaba innecesaria debido a que la campaña estaba por concluir de manera programada, la magistrada ratificó la suspensión del material.
La controversia se originó tras revelarse que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinó 20 millones de dólares de fondos fiscales para financiar spots que enaltecen la figura del mandatario y refuerzan su mensaje político de cara a las próximas elecciones legislativas. Especialistas en legislación electoral y legisladores —incluso del propio Partido Republicano— señalaron que el uso del presupuesto viola las normas federales que prohíben destinar recursos asignados por el Congreso para propaganda partidista.
Aunque la Casa Blanca defendió los contenidos argumentando que se trataba de campañas de servicio público sobre seguridad fronteriza, las organizaciones demandantes destacaron que los anuncios promocionaban directamente la agenda electoral de Trump. Ante la presión política y judicial, el mandatario indicó que los spots futuros serían costeados por su comité de campaña, sin que hasta el momento se contemple el reembolso de los millones de dólares ya ejercidos.
