Una jueza federal de California ordenó al Gobierno de Donald Trump restablecer temporalmente la asistencia legal a decenas de miles de menores migrantes que se encuentran en Estados Unidos sin un padre ni tutor.
Once grupos presentaron una demanda, alegando que 26 mil menores corrían el riesgo de perder a sus abogados.
Dichos grupos argumentaron que el gobierno tiene la obligación —en virtud de una ley contra la trata de personas de 2008— de brindar asistencia legal a menores vulnerables.
Por ello, la jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, de San Francisco, ordenó una restricción temporal. Escribió que los demandantes plantearon preguntas legítimas sobre si la administración había violado la ley de 2008, lo que justificaba el retorno al statu quo mientras el caso avanza. La orden entró en vigor este miércoles y estará vigente hasta el 16 de abril.
El 21 de marzo el gobierno de Trump rescindió, por ejemplo, un contrato con el Centro Acacia para la Justicia, que brinda servicios legales a migrantes no acompañados menores de 18 años a través de una red de grupos de asistencia legal subcontratados por el centro.
