La orden del Gobierno de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para 1.1 millones de migrantes de Venezuela y Haití, fue bloqueada por un juez federal en San Francisco.
De este modo, el juez Edward Chen garantizó que 600 mil venezolanos y 500 mil haitianos puedan seguir viviendo y trabajando en Estados Unidos, luego de que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, intentó cancelar las extensiones de protección aprobadas por la administración de Joe Biden.
Chen calificó la medida como “arbitraria y caprichosa”, al afirmar que de continuarla se habría obligado a miles de familias a regresar a países considerados peligrosos, incluso por el Departamento de Estado.
El TPS es un programa que otorga permisos con límite de duración, para evitar deportaciones y permitir el acceso a empleo legal para personas cuyos países enfrentan crisis graves.
Haití fue incluido tras el terremoto de 2010, que dejó más de un millón de desplazados, y Venezuela entró al programa debido al colapso económico y político, que ha forzado la salida de millones de personas de ese país.
Estas licencias se renuevan cada 6, 12 o 18 meses, siempre y cuando las condiciones en las naciones referidas no mejoren.
