El magistrado F. Dennis Saylor IV otorgó una orden judicial preliminar tras una demanda de 17 estados; señala que la medida fue implementada de manera «apresurada y caótica» por el Departamento de Educación.
Un juez federal en Boston detuvo los esfuerzos de la administración de Donald Trump para obligar a las universidades a entregar datos detallados sobre la raza y el sexo de sus solicitantes y estudiantes matriculados. El fallo responde a una demanda presentada por una coalición de 17 fiscales generales estatales demócratas, quienes argumentaron que la recopilación de datos, retroactiva por siete años, invade la privacidad de los estudiantes y somete a las instituciones a investigaciones infundadas.
La orden judicial se aplicará, por ahora, únicamente a las universidades públicas de los estados demandantes. El juez F. Dennis Saylor IV criticó el plazo de 120 días impuesto por el Ejecutivo, señalando que el Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES) falló al no interactuar significativamente con las instituciones durante el proceso.
Por su parte, la secretaria de Educación, Linda McMahon, ha defendido la transparencia en el uso de fondos federales, advirtiendo que las instituciones que no cumplan podrían enfrentar sanciones bajo el Título IV de la Ley de Educación Superior.
Este conflicto se intensifica en el contexto del fallo de la Corte Suprema de 2023 contra la acción afirmativa. Mientras universidades como Brown y Columbia ya han aceptado auditorías federales para desbloquear fondos, otras como Harvard mantienen una postura de resistencia. Harvard, que enfrenta una congelación de 2,200 millones de dólares, ha sido emplazada por la Oficina de Derechos Civiles para entregar sus registros de admisión en un plazo de 20 días o enfrentar acciones legales directas del Departamento de Justicia.
