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Autoridades de Justicia de Argentina ordenaron decomisar los bienes de la expresidenta Cristina Fernández, y de ocho personas más, con motivo de su participación en el delito de corrupción de obra pública.

Este decomiso afecta a más de 100 propiedades, cuentas bancarias y sociedades a nombre de la exmandataria y los culpables detenidos durante las investigaciones. El monto de la incautación de bienes asciende aproximadamente a los 500 millones de dólares.

La medida se dio a conocer por el mismo tribunal que condenó a Fernández a seis años de prisión por su administración fraudulenta entre los años 2007 y 2015.

Dicha condena comenzó a cumplirla como arresto domiciliario en su residencia en Buenos Aires desde el pasado mes de junio.

El proceso de corrupción que la llevo a ser detenida se refiere a las irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación. Todos ellos correspondían a la construcción de carreteras nacionales entre 2003 y 2015.