El gobierno de Japón expresó su preocupación por las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y defendió la importancia de preservar la independencia de la justicia internacional, en una postura que evidencia diferencias con Washington pese a la estrecha alianza entre ambos países.
El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, señaló el 9 de octubre que las medidas estadounidenses son incompatibles con la posición de Tokio y reiteró su compromiso con el Estado de derecho y los tribunales internacionales. También indicó que Japón mantendrá el diálogo con Washington y con la presidencia de la Corte.
Un día después, Japón se sumó a una declaración conjunta con Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido para rechazar las sanciones. Los ocho países advirtieron que las restricciones podrían obstaculizar el trabajo de la institución y afectar tanto a su personal como a sus familias.
El posicionamiento adquiere relevancia porque Japón es aliado estratégico de Estados Unidos y, al mismo tiempo, miembro de la CPI desde 2007. Además, la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, es japonesa y fue incluida entre los funcionarios sancionados por Washington en agosto.
Las nuevas medidas estadounidenses amplían la presión contra la Corte como institución y buscan restringir sus transacciones y recursos. La administración del presidente Donald Trump sostiene que el tribunal se extralimita al actuar en casos que involucran a ciudadanos estadounidenses o israelíes, países que no forman parte del Estatuto de Roma.
La controversia se relaciona con investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán y con las órdenes de arresto emitidas contra dirigentes israelíes por la guerra en Gaza. La CPI sostiene que puede ejercer jurisdicción en determinados casos vinculados con territorios de Estados parte, incluso cuando los acusados tienen otra nacionalidad.
Japón también reconoce que la Corte debe atender los desafíos que enfrenta. Sin embargo, considera que las diferencias sobre su funcionamiento no justifican medidas que puedan comprometer su independencia. El desacuerdo abre un nuevo frente diplomático sobre los límites de la justicia internacional y el alcance de la presión estadounidense.
