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Los gobiernos de Italia y España acordaron poner fin a las restricciones fronterizas bilaterales y restablecer la libre circulación entre ambas naciones, concluyendo tres meses de tensiones diplomáticas derivadas de la crisis migratoria en el enclave español de Ceuta. La resolución se oficializó tras una llamada entre los ministros del Interior, Matteo Piantedosi y Fernando Grande-Marlaska, posterior a un encuentro multilateral entre la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente de gobierno español Pedro Sánchez en el Consejo Europeo.

El conflicto inició a finales de julio, cuando la llegada masiva de más de 70,000 migrantes provenientes de Marruecos a Ceuta llevó a Roma a suspender unilateralmente los acuerdos del espacio Schengen con España. La administración italiana justificó la medida argumentando la necesidad de frenar el posible tránsito de solicitantes de asilo hacia su territorio; en respuesta, Madrid aplicó controles recíprocos al calificar la postura de Italia como inequitativa y contraria a los principios de la Unión Europea.

Tras una evaluación conjunta de los niveles de seguridad, ambos ministerios confirmaron que no se prorrogará la suspensión de las fronteras abiertas, restituyendo el flujo habitual de ciudadanos. Para garantizar la estabilidad del acuerdo, ambas administraciones se comprometieron a implementar mecanismos reforzados de intercambio de información e inteligencia policial a fin de salvaguardar la integridad de la zona Schengen.