Washington anunció sanciones a 21 altos cargos del Gobierno venezolano, a los que acusa de «represión» y de intentar «robar» las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Para Estados Unidos, Nicolás Maduro afirmó falsamente su victoria tras los comicios, en lo que llamó una subversión de las normas democráticas; además, señala que el líder opositor Edmundo González ganó ampliamente las votaciones.

«(Esto) no se trata simplemente de hacer que Nicolás Maduro rinda cuentas (…) Los funcionarios que están actuando ilegalmente para defender su régimen basándose en tácticas represivas también se encontrarán en la mira de estas sanciones», subrayó un funcionario del Gobierno estadounidense.

Entre los sancionados en la lista difundida este miércoles se encuentran el ministro de Planificación, Ricardo José Menéndez, y el ministro de Comunicaciones, Freddy Alfred Nazaret, así como los altos funcionarios de inteligencia Alexis José Rodríguez y Javier José Marcano.

También se incluye a Daniella Cabello, excantante pop e hija del ministro del Interior, Diosdado Cabello, que ahora dirige una iniciativa de promoción económica.

Según el oficialismo en Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro fue reelegido, pero sin la publicación de las actas y las denuncias de fraude, el resultado es cuestionado por gran parte de la comunidad internacional. La oposición sostiene que su candidato, Edmundo González, ganó los comicios con más del 70% de los votos.

Así lo remarca también la oposición que- con la publicación de las actas electorales que asegura logró recaudar durante la jornada de votaciones- sostiene que queda demostrado que su candidato se impuso frente a Maduro con más del 70% de los votos.

Cuatro meses después de las elecciones, las autoridades venezolanas siguen sin mostrar las actas electorales que respalden la presunta victoria de Maduro.

Una corte de apelaciones en Atlanta, Georgia, aceptó este martes la solicitud hecha por el fiscal especial Jack Smith para desestimar el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por el mal manejo de documentos clasificados en su residencia de Florida.

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito federal se pronunció así luego de que Smith pidiera el lunes la desestimación de este caso y de otro que involucraba el presunto intento de Trump de interferir en los resultados de las elecciones de 2020, éste último aceptado el mismo día por una magistrada federal.

En un escrito, el tribunal federal de apelaciones dio a conocer que «concede» el pedido hecho por Smith de desestimar el proceso contra el expresidente por la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su residencia y club social en Palm Beach, tras abandonar la Casa Blanca en 2021.

Smith pidió desestimar ambos casos tras argumentar que Trump ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre y que la normativa del Departamento de Justicia (DOJ) le impide procesar a un presidente que esté en ejercicio.

Ayer la jueza federal del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, también cerró el caso contra el presidente electo por injerencia electoral y el asalto al Capitolio de 2021, a lo que hoy se ha sumado la decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Distrito, con sede en Atlanta.

El gabinete de seguridad israelí votó a favor de aprobar un acuerdo de alto el fuego en Líbano, lo que podría poner fin a más de un año de escaramuzas transfronterizas con Hezbolá y meses de una guerra a gran escala que ha matado a miles de personas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció, sin embargo, que su país mantendrá «libertad de acción» si Hezbolá viola el compromiso.

«La duración del alto el fuego dependerá de lo que ocurra en Líbano y nosotros mantendremos total libertad de movimiento», afirmó el primer ministro en una comparecencia.

La propuesta incluye tres etapas: una tregua seguida del repliegue de las fuerzas del grupo chií libanés Hezbolá al norte del río Litani; una retirada total de las tropas israelíes del sur de Líbano en un plazo de 60 días y, por último, negociaciones entre Israel y Líbano sobre la demarcación de su frontera, que en la actualidad es una linde fijada por la ONU tras la guerra de 2006.

Se cree que el cese de hostilidades de 60 días tiene como objetivo implementar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, con la esperanza de que pueda formar la base de una tregua duradera.

La Resolución 1701 fue adoptada para poner fin a una guerra de 34 días entre Israel y el Líbano en 2006, y había mantenido una calma relativa en la zona durante casi dos décadas. Eso duró hasta el día después del ataque de Hamás el 7 de octubre del año pasado, cuando Hezbolá atacó en solidaridad, comenzando más de un año de conflicto.