Una apuesta de gran escala
El pasado 18 de marzo, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, en congruencia con el Plan de Inversión en Infraestructura anunciado el 3 de febrero. Este plan, sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo y en los compromisos asumidos por la titular del Ejecutivo Federal, busca movilizar 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030 en sectores estratégicos como el carretero, hídrico y energético.
Asimismo, el 5 de marzo se dio a conocer el programa operativo de inversión mixta carretera, con una bolsa aproximada de 397 mil millones de pesos, que contempla proyectos en más de 21 entidades federativas y cerca de 5,000 kilómetros de intervención. En conjunto, estas acciones reflejan una estrategia orientada a impulsar el desarrollo regional equilibrado y detonar el crecimiento económico.
Infraestructura como motor del desarrollo
La infraestructura no debe entenderse únicamente como obra pública, sino como un factor estructural del desarrollo. Puede distinguirse entre infraestructura económica —como carreteras, redes eléctricas o puertos—, que impacta directamente en la productividad, e infraestructura social —como hospitales, escuelas o vivienda—, que incide en el desarrollo del capital humano.
En ambos casos, su relevancia es central: los servicios de infraestructura sostienen la vida cotidiana y la actividad económica, al tiempo que influyen en la calidad de vida, la competitividad y la sostenibilidad ambiental. No es casual que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) subrayen la necesidad de desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.
Asimismo, la infraestructura tiene efectos redistributivos relevantes, al permitir que las personas en condiciones de pobreza accedan a mercados laborales más productivos, mejoren sus ingresos y reduzcan sus brechas de desigualdad.
Productividad y efectos económicos
Especialistas en la materia coinciden en que la infraestructura pública amplía la capacidad productiva. Como señala la OECD (2016), se trata de un componente esencial para garantizar servicios básicos y alcanzar niveles óptimos de desempeño económico.
El desarrollo de infraestructura implica ciclos de vida largos —desde la planeación hasta la operación, mantenimiento y eventual reposición—, lo que exige una visión de largo plazo en su diseño e implementación.
En términos prácticos, una carretera en buenas condiciones permite reducir tiempos de traslado, disminuir costos logísticos y mejorar la eficiencia de las empresas. Esto se traduce en menores costos de producción y mayores incentivos para la inversión. En consecuencia, donde existen servicios de infraestructura adecuados, tanto el sector público como el privado encuentran condiciones propicias para su desarrollo.
Diagnóstico económico: una oportunidad urgente
El contexto económico actual evidencia la urgencia de fortalecer la inversión en infraestructura. Durante el cuarto trimestre de 2025, la economía mexicana habría crecido 1.6% anual; sin embargo, el crecimiento total del año fue de apenas 0.8%, el más bajo desde 2020. Este desempeño mantiene al país en la posición 13 a nivel global y aleja la meta de ubicarse entre las diez economías más grandes del mundo.
Las perspectivas hacia 2026 tampoco son particularmente alentadoras: mientras economías comparables como Brasil podrían crecer alrededor de 2.0%, México apenas alcanzaría 1.3%, lo que refleja una brecha en dinamismo económico.
A ello se suma que el PIB per cápita se mantiene en niveles similares a los de 2017, evidenciando que el crecimiento reciente no ha sido suficiente para compensar el aumento poblacional.
El sector construcción —clave para detonar inversión— también muestra señales de debilidad. En el tercer trimestre de 2025 registró un producto interno bruto de 2.22 billones de pesos, con una caída de 4.03% trimestral y de 1.3% anual. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2025, el sector cuenta con 20,828 unidades económicas, concentradas principalmente en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
En el ámbito laboral, durante el primer trimestre de 2025 la población ocupada en construcción ascendió a 8.42 millones de personas, con una marcada desigualdad de género y niveles salariales relativamente bajos. Asimismo, se observa una reducción en el número de empresas en todos los estratos de tamaño y una inversión extranjera directa negativa en el sector.
Las dificultades de financiamiento también son evidentes. Según el Censo Económico 2019, solo el 16.1% de las unidades económicas más pequeñas accede a financiamiento, frente a 56.8% en las empresas de mayor tamaño. Entre los principales obstáculos destacan los altos costos, la inseguridad, los precios de insumos y la debilidad de la demanda.
La propuesta legislativa: hacia un nuevo modelo de inversión
Frente a este panorama, la iniciativa de ley destaca por su solidez técnica y por la construcción de un andamiaje normativo orientado a detonar la inversión con certidumbre.
Uno de sus ejes centrales es el fortalecimiento del ordenamiento presupuestario. Se establecen obligaciones más estrictas en materia de registro, transparencia y valuación de riesgos, así como la incorporación de compromisos plurianuales con horizontes de hasta cinco años, lo que permite una planeación más realista y sostenible.
La iniciativa también introduce mecanismos para proteger los recursos de los proyectos estratégicos frente a posibles ajustes presupuestarios, al tiempo que reconoce expresamente a los contratos de inversión como compromisos plurianuales, reduciendo la incertidumbre para los inversionistas.
Otro elemento relevante es la incorporación de esquemas de flexibilidad regulada, que permiten iniciar procedimientos de contratación antes de contar con la suficiencia presupuestaria definitiva, evitando retrasos sin debilitar el control fiscal.
En materia de financiamiento, se propone la creación de Vehículos de Propósito Específico, figuras jurídicas que permiten la segregación de riesgos, la emisión de instrumentos financieros y la canalización de recursos hacia proyectos de infraestructura, sin que ello implique automáticamente deuda pública.
Asimismo, se amplía la participación de actores al incorporar de manera explícita al sector social dentro de los esquemas de inversión mixta, fortaleciendo un enfoque de desarrollo más incluyente.
Finalmente, en el ámbito institucional, se plantea la creación de un Consejo de Planeación Estratégica que coordine la política de infraestructura, alinee prioridades y fortalezca la visión de largo plazo en la toma de decisiones.
Una oportunidad para el crecimiento con bienestar
Más allá de su dimensión normativa, la iniciativa representa una oportunidad para replantear el papel de la infraestructura en el desarrollo nacional. No se trata únicamente de aumentar la inversión, sino de mejorar su calidad, su orientación social y su impacto territorial.
De implementarse de manera adecuada, este nuevo marco podría contribuir a dinamizar la economía, generar empleos mejor remunerados, fortalecer el desarrollo regional y cerrar brechas históricas de desigualdad.
En un contexto de bajo crecimiento y desafíos estructurales persistentes, la infraestructura vuelve a colocarse en el centro de la estrategia de desarrollo. La apuesta es clara: construir no solo obras, sino capacidades productivas y bienestar.
Queda ahora en la implementación institucional y en la coordinación entre actores el reto de traducir este diseño en resultados concretos. Esperemos que este esfuerzo represente el impulso que México necesita para acelerar su crecimiento y avanzar hacia un desarrollo más incluyente y sostenible.
