Durante una sesión extraordinaria, el INE determinó que “ni las personas servidoras públicas no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto y la participación ciudadana en la elección”.
Como parte de esta medida, la difusión realizada por la Presidencia de la República y funcionarios federales para explicar el uso de las boletas electorales, el proceso de votación y convocar a la ciudadanía a participar deberá ser cancelada.
El acuerdo, impulsado por el consejero Arturo Castillo, señala que, en su caso, el INE podrá establecer convenios para que sea la propia autoridad electoral la encargada de llevar a cabo actividades de promoción y difusión en los espacios de otras instancias gubernamentales.
Asimismo, los consejeros electorales enfatizaron que los ministros tienen prohibido asociarse con fines políticos o realizar proselitismo a favor o en contra de cualquier candidato a juzgador.
