El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) analiza un proyecto de acuerdo para solicitar formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la ejecución de un ejercicio emergente y urgente de fiscalización sobre las adquisiciones, licitaciones y adjudicaciones directas efectuadas a partir de 2023. La iniciativa surge tras la dimisión de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del órgano comicial, luego de verse envuelta en señalamientos de presuntas redes de corrupción y conflictos de interés con empresas proveedoras. Ante la vacante en el máximo cargo de dirección, el pleno designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional para encabezar el periodo de transición administrativa.
Como medida inmediata de saneamiento institucional, las consejerías electorales exigieron la renuncia de mandos superiores y funcionarios del primer círculo vinculados a la administración saliente, particularmente aquellos señalados por presuntos nexos o encuentros de índole social con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Este requerimiento formal a la ASF se articulará con la investigación que el propio ente fiscalizador ya había iniciado de oficio sobre contratos multimillonarios concentrados en grupos empresariales específicos, además de las revisiones contables que desahoga de manera simultánea el Órgano Interno de Control (OIC) del instituto.
Sobre la crisis que atraviesa el organismo electoral, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que corresponde a la ASF conducir una fiscalización exhaustiva para dictaminar si se configuraron irregularidades administrativas o delitos que deban ser consignados ante la Fiscalía General de la República (FGR). La jefa del Ejecutivo federal respaldó la necesidad de transparentar integralmente los esquemas de contratación pública y sugirió que los peritajes no se restrinjan de forma exclusiva a la gestión de Taddei, sino que se auditen también los contratos otorgados a proveedores históricos en administraciones anteriores.
